Las pensiones vitalicias o de privilegio siempre han sido tema de debate en la política y más cuando se conocen los montos que paga el Estado. Pero también hay datos que no dejan de llamar la atención, como el caso del ex senador Adolfo Rodríguez Saá, quien por haber sido presidente una semana cobra una jubilación de más de 14 millones de pesos, lo que representa 47 jubilaciones mínimas.
Para quienes no lo recuerdan, Rodríguez Saá era gobernador de San Luis cuando estalló la crisis de 2001 y fue elegido presidente interino el 23 de diciembre de 2001, en el marco de la Asamblea Legislativa convocada tras la caída de Fernando de la Rúa. Pero con escaso apoyo político, no sólo de la oposición sino del propio peronismo, renunció a la presidencia una semana después y abrió un proceso que terminó llevando al poder a Eduardo Duhalde.
Esa semana en la Casa Rosada le permitió al puntano y ex gobernador acceder a una jubilación de 14.525.098 pesos, según se detalla en el informe de gestión presentado recientemente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados. De acuerdo a los datos del Ministerio de Capital Humano, en la actualidad se pagan once asignaciones vitalicias, entre jubilaciones y pensiones, lo que representa un total de más de 123 millones de pesos.
En la nómina no están la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien se le quitó la jubilación y pensión luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena a 6 años de prisión en una causa por corrupción, ni tampoco el ex vicepresidente Amado Boudou, también condenado y que estuvo detenido por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
En cambio, sí está el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien a diferencia de lo que predica Javier Milei -dijo que no tendría que haber jubilaciones- optó por cobrar la asignación vitalicia a su sueldo como funcionario del Estado. Lo curioso del ex vicepresidente de Néstor Kirchner es que había renunciado a la jubilación cuando asumió como embajador en Brasil, durante el gobierno de Alberto Fernández, ya que era más tentador el sueldo en dólares.
Tras asumir ad honorem en la administración libertaria, Scioli pidió que le activen la jubilación, que asciende a 7.557.475 pesos, según los datos publicados en el informe de gestión del Gobierno.
En la actualidad, la jubilación más alta la percibe Alberto Fernández con un haber de 15.791.896 pesos y luego se ubica Mauricio Macri con 15.156.865 pesos, mientras que el podio se completa con Rodríguez Saá. A ellos se agrega María Estela Martínez de Perón, con una asignación de 7.829.934 pesos. Mientras que cobran una pensión las viudas de Fernando de la Rúa, Inés Pertiné; de Carlos Menem, Zulema Yoma; de Marcelo Levingston (presidente de facto), Bety Andrés; y la hija de José María Guido, Amalia Guido.
Además de Scioli también cobran la jubilación de privilegio los ex vicepresidentes Gabriela Michetti y Julio Cobos, quien obviamente renunció a su dieta como diputado.
Las propuestas para eliminar las jubilaciones de privilegio
El año pasado hubo un intento fallido en la Cámara Baja de eliminar el régimen de jubilaciones de privilegio para los presidentes y vicepresidentes a partir de un proyecto impulsado por María Eugenia Vidal, medida que fue incluida en un proyecto de modificación del sistema de movilidad jubilatoria. Sin embargo, ese artículo no prosperó pese a que el proyecto de actualización fue aprobado y luego vetado por Milei.
A la propuesta de Vidal se suman un proyecto de la salteña Pamela Calletti (Innovación Federal), otro de la radical Carla Carrizo y hasta una iniciativa de la diputada K Gisela Marziotta. Todas las propuestas tienen estado parlamentario con giro a las comisiones.
También hubo un intento de un grupo de diputados del PRO, encabezados por Silvana Giudici y Damián Arabia, con el fin de quitarle a Alberto Fernández la asignación de privilegio y la custodia que tiene por haber sido Presidente tras la denuncia presentada por la ex primera dama Fabiola Yánez por violencia de género.
En consecuencia se mantiene la Ley 24.018 -aprobada en noviembre de 1991-, que impulsa la jubilación de presidentes y vice pero también alcanza a los jueces y fiscales. En octubre de 2002 el Congreso derogó la ley, pero el entonces presidente Eduardo Duhalde vetó la iniciativa y sólo dejó en pie la eliminación de las asignaciones vitalicias para diputados y senadores.
De acuerdo a lo reglamentado los presidentes cobran el equivalente al sueldo de un juez de la Corte Suprema, mientras que a los vice se les asigna el 75% de ese monto. En el caso de las viudas e hijos menores o discapacitados cobran una pensión equivalente al 75% del haber original.