Tensión judicial por media tonelada de droga

El abogado constitucionalista Vicente Casas, brindó su opinión sobre la situación jurisdiccional que se planteó en los últimos días entre el Ministerio Público de la Acusación y el reclamo de la Justicia Federal por la causa de narcotráfico, iniciada tras el decomiso de casi media tonelada de cocaína en la ciudad de La Quiaca.

El letrado fue claro en su diálogo con Radio 2, al afirmar que esta situación puede traer graves consecuencias en la investigación como así también remarcó las dudas que le generan el avance del MPA sobre este caso que desde su óptica, es claramente de órbita federal.

Entre las inquietudes que manifestó, sostuvo que será fundamental cotejar la prueba de narcotest que se debió realizar cuando se incautó la droga, con una nueva prueba que debe realizar la Justicia Federal para corroborar la calidad del estupefaciente, que sostuvo debe ser del mismo grado, como así también la cantidad precisa que se informó oportunamente cuando se hizo el procedimiento.

Vicente Casas, sostuvo del caso que «hay una página que es fiscales.gob.ar que es pública y gratuita, donde he tenido oportunidad de leer el día de ayer y enterarme lo que ya se sabía de las redes sociales, que estaban contando y los diarios digitales también. Yo diría que hay un avance del Ministerio Público de la Acusación provincial sobre competencias exclusivas de la justicia Federal. Ese es un punto de partida. Se trataría de una causa penal por transporte de estupefaciente, que claramente es competencia de la justicia Federal. La justicia provincial en cuanto a estupefacientes, tiene la competencia respecto al micro menudeo, pero no en el caso de transporte de estupefacientes».

Además, apuntó que » vamos a pensar que la situación se va agravando jurídicamente porque ya el fiscal Federal de Jujuy el día sábado en la tarde, según dice esta información de fiscales.gob.ar, se comunicó con el fiscal que lleva a cargo la causa y con el titular del Ministerio Público de la Acusación provincial y le dijo que se había enterado por los medios digitales de ese procedimiento el sábado a la tarde. Y lo que dice esta información es que el titular del Ministerio Público de la Acusación contestó telefónicamente de manera abstracta. Estábamos en el sábado por la tarde y dijo que aún no estaban trabajando, lo que no es cierto, porque ya los diarios y esa información también dice que el viernes por la tarde estaban los dos procedimientos, donde se secuestró un camión con 228 kg de cocaína y un depósito se allanó con dos otros 250 kg. de cocaína. Es decir, que se ha faltado a la verdad por parte del Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Jujuy, según lo que dice esta información. Ahora bien, siguió la cuestión y el fiscal federal pidió la incompetencia de la justicia provincial. A lo que el juez federal le hace lugar. Y parece que todavía no han mandado la causa. Y estamos desde el sábado a hoy miércoles que han pasado, digamos, cuatro o cinco días en donde no sabe la justicia federal, que es la competente para atender esto, que hay secuestrado, no sabe que hay si hay detenidos, no sabe absolutamente nada. Pero todo esto tiene una cuestión que el juez federal cuando hace lugar a la incompetencia dice una gravedad inusitada. Todo esto forma parte de una gravedad institucional, que es cuando se faltan los principios republicanos».

«Las consecuencias se irán viendo con el tiempo, pero yo creo que básicamente tienen que llamar a declarar por parte de la justicia federal, quiénes son, cuáles fueron las fuerzas que intervinieron. Si fue la policía de la provincia, la policía federal o la gendarmería nacional. Si son fuerzas federales o nacionales, en caso de la federal o la gendarmería, comunicar a los jefes respectivos, jefe de la policía federal y al comandante mayor de la gendarmería nacional, porque no le han informado a la justicia federal lo que iban a hacer, porque la justicia federal se enteró por los diarios», agregando que «hay problemas si no se acata el dictamen de un juez federal como el que ya se emitió. Porque en ese caso la justicia Federal, yo me imagino, va a comunicar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Procurador General de la Nación. Porque es media tonelada de cocaína y ya es una cuestión que interesa a toda la comunidad y tiene una gravedad procesal, jurídica e institucional. Es delicado».

Además, el letrado se preguntó «¿Cuáles son las consecuencias?, se irá viendo con el tiempo quiénes resultan procesados y quiénes resultan afectados en esta cuestión, que no debemos dejarla pasar porque es de gravedad. Es como si la Legislatura de la provincia de Jujuy empezar a dictar nacionales. No tiene esa competencia«.

Por otro lado y según su opinión, «todo lo que se va haciendo puede quedar nulo. Además hay una cuestión importante. La ley de estupefaciente dice, al menos con la que hemos trabajado varias veces en el pasado, que una vez secuestrado el estupefaciente en el plazo de 48 horas se le debe hacer pruebas de narcotest. No se sabe si las han hecho o no. No se sabe qué resultado ha dado. No sabemos si el día que entreguen toda esa mercancía, ¿qué van a entregar a la Justicia Federal? ¿Qué van a entregar de eso? Entonces es la situación en donde, a medida que pasan las horas y los minutos, se agravan más las consecuencias o las responsabilidades que pudieran tener».

Finalmente, Vicente Casas hizo referencia a la actuación del procurador general de la provincia, Sergio Lello Sánchez y expresó que «él tendría que mandar disponer que la causa se remita a la justicia federal. No porque se la pide, sino porque la ley le dice que tiene que mandarla. La ley le dice que no es competente. Y entonces está asumiendo toda la responsabilidad posterior, llámese como se llame, el respecto de los pasos que van a ocurrir en el futuro» y que «ahora porque el MPA insiste en seguir avanzando con este tema, es algo que me pregunto. Y pienso pienso en distintas situaciones. Pero esto se tiene que dilucidar, ¿y sabe dónde va a estar esa inquietud que tenemos, respondida? Cuando el estupefaciente incautado llegue a manos de quien tiene que llegar, que es la justicia federal y lo periten, hagan las pruebas de narcotest y vea qué son. Y llamen al personal prevento que hizo el primer narcotest que lo tiene que hacer de acuerdo a la ley dentro de las 48 horas y lo contraste, para ver si hay algo irregular. Porque si le da todo igual, no hay problemas, pero ¿si le da distinto? A ver qué ha pasado. Los diarios dicen que en un camión iban 228 kg y después dicen que en un depósito se encontraron 250 kg. Y tiene que llegar a esa cantidad. Todas esas cosas que nos estamos preguntando, se van a dilucidar cuando tome cartas en el asunto el organismo que compete y comience desde cero la investigación«, concluyó.