La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, convocó a una audiencia urgente entre la República Argentina y los demandantes que ganaron el histórico juicio por la expropiación de YPF en 2012. La cita judicial se llevará a cabo el lunes 15 de julio a las 10:00 (hora local) en la sala 12A del tribunal del distrito sur de Manhattan.
El encuentro podría marcar un punto de inflexión en el proceso de ejecución del fallo que condenó al país a pagar USD 16.000 millones por YPF, una de las sentencias más costosas en la historia judicial internacional contra un Estado soberano.
La audiencia fue solicitada por los fondos demandantes, encabezados por Burford Capital y Eton Park, quienes buscan avanzar en el proceso de “descubrimiento” de información. Su objetivo es demostrar que ciertas empresas estatales argentinas, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, son en realidad “alter ego” del Estado argentino, lo que permitiría embargar sus activos como parte del cumplimiento del fallo.
Este procedimiento legal, conocido como “piercing the corporate veil” (levantar el velo corporativo), es clave para los demandantes, ya que permitiría ampliar el universo de bienes embargables más allá de los activos directamente vinculados a YPF.
El caso se remonta a la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% de las acciones de YPF en manos de la española Repsol en abril de 2012. Si bien Repsol fue compensada posteriormente, los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, no recibieron trato equitativo, lo que motivó la demanda en tribunales estadounidenses, dado que YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York.
En 2023, tras ocho años de litigio, la jueza Preska falló en contra de Argentina, considerando que el país incurrió en mala praxis expropiatoria y violó el estatuto de la compañía. El fallo de Preska condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones, una cifra que con intereses ya supera los USD 17.000 millones.
Sentencia
La sentencia fue apelada por el gobierno argentino, pero la jueza ofreció una alternativa: presentar una garantía para suspender la ejecución del fallo mientras se tramitaba la apelación. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, recién asumido en ese momento, decidió no ofrecer dicha garantía, lo que habilitó a los demandantes a iniciar acciones de embargo.
La audiencia del lunes será clave para definir si los demandantes pueden avanzar en su estrategia de embargo sobre activos de empresas estatales. En particular, se discutirá si esas entidades pueden ser consideradas instrumentos del Estado argentino y, por lo tanto, responsables solidarias del pago de la sentencia.
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