En diálogo con Canal 2, Fernando Acosta de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se refirió al sistema contravencional como un instrumento al servicio del poder Ejecutivo, utilizado tanto para “disciplinar” y “perseguir”, como para sostener financieramente campañas o estructuras políticas, al margen de cualquier control institucional.
Embed – Corrupción en el Juzgado Contravencional: «Fue armado para tener una enorme caja»
“Nunca se supo qué se hacía con la plata”
Para el dirigente sindical, el juzgado contravencional “nunca tuvo controles reales”, a pesar de que hubo denuncias reiteradas sobre la opacidad en el manejo de fondos. “A veces se decía que el dinero iba para compras genéricas, pero jamás se supo qué se hacía exactamente con nada”, remarcó. La reciente denuncia sobre la falta de rendición de unos 500 millones de pesos en el juzgado viene a confirmar lo que muchos sospechaban desde hace años.
Acosta subrayó que la lógica de funcionamiento del organismo no fue jurídica ni administrativa, sino política. “El juzgado fue utilizado para castigar, perseguir, recaudar… Y de paso, financiar campañas. Una caja chica enorme a disposición del Ejecutivo provincial”, lanzó.
“El poder judicial también es funcional”
El ex secretario general de ATE Jujuy fue más allá al señalar que el uso discrecional del sistema contravencional no es una excepción, sino parte de una estructura más amplia de subordinación institucional: “Vemos cómo el poder judicial también es utilizado de la misma manera, con causas armadas y carpetazos. Todo para controlar y subordinar”.
Acosta recordó que, como dirigente, fue multado en más de 20 ocasiones por participar en movilizaciones y actos de protesta. “A veces ponían mal mi nombre, pero igual servía para multar. Era cuestión de identificar a alguien conocido, cargarle una contravención y listo. Muchos compañeros tuvieron que pagar. Otros peleamos en la Justicia y logramos que se anulen, porque eran absurdas”.
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“No puede seguir siendo un instrumento de castigo ni una caja negra”
Sobre la posibilidad de que la situación se investigue a fondo, Acosta fue tajante: “Ojalá se sepa realmente qué pasó. Pero sobre todo, que no se vuelva a usar ese juzgado como una herramienta de castigo, ni como una caja negra de financiamiento político”.
Su testimonio se suma a una creciente presión social y política para que el gobierno de Carlos Sadir y las autoridades del Ministerio de Seguridad, a cargo del Juzgado Contravencional, brinden respuestas concretas sobre la responsabilidad administrativa y política detrás de lo que ya es uno de los mayores escándalos institucionales de la última década en la provincia.