El abogado Patricio Sarzuri, defensor de Noelia Ramos ex secretaria del ex juez Matías Ustarez en el Juzgado Contravencional Nº 1, se refirió al controvertido caso por presunta defraudación al estado provincial con desvíos de millones de pesos.
El letrado en diálogo con Radio 2, dijo que plantearon irregularidades en la recolección de pruebas por parte del Ministerio Público de la Acusación, por lo que presentaron una impugnación que debe resolverse antes de llegar a una instancia de juicio.
Además, indicó que la fiscalía ya fijó las imputaciones y que al menos en el caso que le toca intervenir, no habrá más nombres en una posible asociación ilícita, desligando de este tema funcionarios provinciales de la época en que se investiga el caso, de mayor rango.
En el comienzo de su diálogo, Sarzuri dijo que «como abogado defensor vemos desde otra óptica lo que pudo haber sucedido en el juzgado contravencional. Yo en el papel de defensor, examino solamente el hecho que se imputa, qué calificación se le otorga, según las evidencias que existen en contra. Por el momento, en el Juzgado Contravencional, desconozco datos importantes de estas actuaciones. Lo que sí sé es que hay una imputación efectivamente, en contra del juez contravencional de dos hechos que le hicieron conocer y más de eso no puedo decir».
Remarcó que «entiendo que mi cliente es inocente, mientras no demuestren la culpabilidad. Y para esto tiene que transitar un buen espacio de tiempo y ciertos trámites durante la investigación. Después irá en una etapa de juicio para el caso extremo».
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Imagen ilustrativa.
El abogado contó que «antes de la feria se hizo la audiencia de control de acusación. En esta audiencia se resolvió que la causa se eleve a juicio, donde están imputadas varias personas entre ellas varios ex funcionarios del Juzgado Contravencional. Pero en esa causa, hay algunos planteos de nulidad que no están resueltos todavía. Están en etapa de impugnación. Mientras no se resuelve esa etapa de impugnación, no se puede proseguir al siguiente trámite que sería la etapa de juicio. Tendría que resolverse esta impugnación previamente. Esa impugnación es interesante porque desde la defensa, no solo de mi parte, sino también de otros colegas que también están como defensores, acompañaron un pedido de nulidad de actuaciones que para nosotros se produjeron de manera irregular. Se planteó una nulidad de unos actos procesales que habría realizado el Ministerio Público de la Acusación, que para esta defensa, lo consideramos irregulares. Y en base a esas actuaciones, se prosiguió la investigación. Para el caso de que nos hicieran lugar, todo quedaría en foja cero».
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Imagen ilustrativa.
Agregó que dicha irregularidad planteada, se «trata de una de las requisas que le hicieron a uno de los imputados y para hacer la requisas, se requiere de varios pre-supuestos. Porque no se puede sorprender a una persona y registrarle sus objetos personales y decidir que hacer con sus objetos y secuestrarlos, sin avisarle. Previamente tiene que existir una sospecha de la comisión de un ilícito. Y si no existe ese preaviso, el acto es irregular. Y acá justamente no existió. Hay otros pre-supuestos más que exigen la validez de esta requisición. Y fue en el secuestro del celular al detenido del que surgieron los primeros datos de esta investigación».
En cuanto a sí podría surgir una ampliación en cuanto a nombres o ex funcionarios de alto rango involucrados en esta causa, el letrado manifestó que «por lo menos en esta causa, la fiscalía entendió, que son ellos los que son los titulares de la acción, los que deciden, a quién. Pero por los hechos que se hizo conocer, solamente quedaría en esas personas».
Finalmente, manifestó que «lo que sí tengo la información es que ahí no se manejaban solamente pocos expedientes, sino que cientos de expedientes. Y esa parte ya no lo voy a poder explicar, porque desconozco cómo se manejaban administrativamente. Pero siempre pasa por ahí, algo que dejaron de controlar. Y ahí es donde existe la imputación de los hechos. De que algunos infractores habían depositado algunos dineros, que en una sumatoria debe ser alrededor de 2 millones de pesos, no la cifra que se dice de alrededor de 500 millones. Y eso es mas o menos lo que se habría defraudado, que no habrían ingresado al erario público. Y la secretaria, por supuesto, desconocía justamente por esa confianza absoluta que tenía en la gente que trabajaba junto con ella».