Matías Jurado, de 37 años, está detenido desde el 30 de julio, imputado por “homicidio agravado por ensañamiento» por las muertes de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, y de Sergio Alejandro Sosa, de 25 años. Restos de estos dos hombres fueron encontrados en la humilde casa de Jurado, en el barrio 8 de Marzo, de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.
Pero además se sospecha que Jurado pudo haber cometido más crímenes. Aunque no se descartan más posibles víctimas, ahora se trata de terminar si estuvo también involucrado en las desapariciones de Juan Carlos González, de 60 años; Juan José Ponce, de 51, y Miguel Ángel Quispe, de 60 años. El común denominador de estas cinco personas es que, salvo Sosa, eran todos mayores de 50 años y se encontraban en situación de vulnerabilidad, sea por debilidad mental o por consumos problemáticos.
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El informe de las psicólogas al que este diario accedió, y que está incorporado al expediente que se tramita ahora, señala que entre 2018 y 2021 Jurado padecía «desorientación temporo espacial, alucinaciones auditivas y visuales muy vívidas». Que escuchaba voces «bien imperativas» que, entre otras indicaciones, muchas veces le ordenaban que no hablara con las psicólogas. El informe también sostiene que Jurado no comprendía la criminalidad de sus actos, lo que contrasta con el informe producido ahora, en esta nueva causa, en la que se concluyó que está orientado y los comprende, aunque coincide en cuanto a su perfil violento.
Aquel informe anterior también da cuenta de la historia de vida de Jurado, marcada por el consumo problemático de marihuana y pasta base de larga data y el abandono familiar desde que era niño. De hecho, el asesino vivía con un sobrino de 16 años cuya madre también sufre de adicciones y se encuentra en situación de calle por temporadas.
Jurado tiene también una larga historia de institucionalización, dado que ingresó al sistema judicial a los 15 años. En 2021 recuperó su libertad, y volvió a cometer delitos.
Actualmente Jurado está en el Establecimiento Penitenciario N° 1, con prisión preventiva por 120 días, que pueden prorrogarse. Está alojado en un sector de mayor seguridad junto a otros ocho internos, en celdas individuales. Además, cuenta con un régimen de seguridad especial: permanece bajo custodia constante mediante una cámara de vigilancia.