«Recibimos un informe que solo cubría el período de junio a febrero de 2024, sin especificar cómo se había utilizado el dinero recaudado, ni detalles sobre los proyectos de pavimentación», comentó Mur, quien agregó que además faltaba información crucial sobre los préstamos que la municipalidad había tomado del gobierno provincial.
Ante la falta de respuestas, la asociación CODECUC presentó una demanda judicial para que el municipio fuera obligado a entregar la documentación completa. «El municipio aún no ha respondido adecuadamente, a pesar de que hemos solicitado esta información en varias ocasiones», afirmó.
La controversia en torno a EJESA
Otro de los temas que generó polémica fue la implicancia del Estado en la empresa EJESA, encargada de la energía en la provincia. Mur cuestionó la decisión del gobierno provincial de convertirse en socio de una empresa concesionaria de un servicio público, algo que consideró «irregular y poco transparente». Según el informe oficial publicado en septiembre de 2023, el Estado provincial, a través de la Secretaría de Energía, fue designado como socio de EJESA, lo que, para Mur, genera un evidente conflicto de interés.
«Es completamente anómalo que el Estado pase a ser socio de una empresa concesionaria después de otorgar la concesión. Esto crea una situación de incompatibilidad tanto moral como legal», explicó.
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La situación crítica del agua en la provincia
Además, Mur no dejó de lado el grave problema de la escasez de agua en varios barrios de la provincia, especialmente en Yala y Los Nogales. La falta de suministro adecuado de agua ha generado una crisis que afecta a miles de personas en estas zonas, que llevan más de 21 días sin recibir el servicio. Ante esta situación, CODECUC presentó una acción de amparo con medida cautelar contra la empresa Agua Potable Jujuy y la Superintendencia de Servicios Públicos.
«Solicitamos que se ordene a la empresa reemplazar las cañerías obsoletas y tomar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua a los usuarios», detalló Mur. También indicó que han exigido que la Superintendencia de Servicios Públicos cumpla con su rol de control y resguarde los derechos de los usuarios afectados.
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Un gobierno que evade el diálogo
El abogado también criticó la postura del gobierno provincial frente a las demandas de los ciudadanos y las organizaciones civiles. Según él, el Ejecutivo provincial no solo ha mostrado falta de transparencia, sino también un desinterés por dialogar con los ciudadanos y las organizaciones que defienden los derechos de los consumidores.
«Este es un gobierno que se habla a sí mismo, que no se comunica con la sociedad. Los vecinos, empresarios y organizaciones han presentado solicitudes, notas y cartas, pero no reciben respuesta. Desprecian el diálogo y eso es una grave falla ética en la gestión pública», expresó.
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¿Qué puede esperar la ciudadanía?
Ante el panorama de desamparo administrativo y judicial, Mur asegura que el camino de la justicia sigue siendo el único recurso. «Nuestro plan B es continuar con las acciones judiciales para que se obligue al gobierno a rendir cuentas», sostuvo. Sin embargo, también destacó que el proceso judicial puede ser largo y arduo, sin garantizar resultados inmediatos.
En este contexto, Mur dejó claro que las asociaciones de consumidores no son enemigos del gobierno, sino que cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos de los ciudadanos. «Nuestro trabajo es informar, defender los derechos de los usuarios y exigir el cumplimiento de las leyes. No pedimos favores, pedimos transparencia y justicia», concluyó.
Embed – SOBREMESA 17-09-25Dr. Alejandro Mur, Referente de CODECUC