En un reciente encuentro en la Mesa del Litio en Catamarca, el gobernador Carlos Sadir destacó el potencial económico del litio, señalando que las provincias deben hacer un esfuerzo por desarrollar infraestructura, y que el gobierno nacional debe brindar el apoyo necesario. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por los sectores críticos, que sostienen que, en su propio territorio, Sadir no ha logrado establecer un diálogo efectivo con las comunidades indígenas ni ha resuelto cuestiones clave sobre la explotación minera.
Más allá de sus discursos sobre el “diálogo”, muchos sostienen que el gobernador no cumple con los compromisos con las comunidades indígenas en Jujuy. En particular, se cuestiona el trato hacia las regalías mineras, que en la provincia representan un 3% de lo que las empresas mineras obtienen por la extracción del litio, considerada por muchos como «miserable» frente a los beneficios multimillonarios que dejan las multinacionales.
Además, se critica que Jujuy no esté implementando políticas que beneficien a las comunidades locales, sino que, en cambio, se prioricen intereses financieros, como lo demuestra el crecimiento en inversiones, que aumentaron un 440% en la provincia.
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Derechos indígenas y el litio
En medio de este panorama, la doctora en Ciencias Políticas, Déborah Pragier, experta en derechos indígenas, alertó sobre la grave situación de las comunidades originarias. Según Pragier, la explotación del litio en el norte argentino no ha respetado los derechos de los pueblos indígenas, que deben ser consultados de manera previa, libre e informada antes de cualquier proyecto extractivo en sus territorios. Sin embargo, señala que, a pesar de la legislación nacional que garantiza estos derechos, las comunidades siguen siendo ignoradas por el Estado.
La Constitución Nacional de Argentina, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia de las comunidades indígenas en sus territorios, lo que les otorga derechos específicos sobre sus tierras. Sin embargo, estos derechos siguen siendo vulnerados de forma sistemática en la práctica.
“El litio viene a presionar a que estos territorios se conviertan en territorios de extracción. Ahí se dan un montón de situaciones porque las comunidades no son homogéneas”.
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El desafío de la interculturalidad
Una de las grandes dificultades para alcanzar acuerdos entre el Estado y las comunidades indígenas, según Pragier, radica en la falta de preparación e información de los agentes estatales. Muchos funcionarios desconocen los derechos indígenas y carecen de la formación necesaria para establecer un diálogo intercultural efectivo. Además, las políticas históricas de integración forzada, que buscan incorporar a las comunidades al modelo de “civilización” dominante, han dejado una brecha difícil de cerrar.
Embed – SOBREMESA 03-10-25Lic. Deborah Pragier – Dra. Ciencias Políticas
¿Hay modelos exitosos de diálogo?
Aunque la situación parece estancada, Pragier menciona algunos avances en otros contextos. Por ejemplo, en algunas provincias, después de fallos judiciales internacionales, el Estado ha intentado establecer protocolos de consulta previa con las comunidades afectadas. Sin embargo, estos intentos de diálogo siguen siendo insuficientes y, en muchos casos, los protocolos nunca se implementan correctamente, como ocurrió en Jujuy con el protocolo de consulta previa elaborado por las comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc.
El papel de las empresas mineras
La situación es aún más compleja cuando se trata de las empresas mineras, que en muchos casos ven el litio como un negocio puramente económico. Según Pragier, las empresas deben actuar bajo las normativas del Estado, pero muchas veces se encuentran con un marco regulatorio débil que no las obliga a cumplir con los derechos de las comunidades. En Jujuy, las empresas no tienen que realizar una consulta previa a las comunidades indígenas; solo deben presentar un informe de impacto ambiental que rara vez contempla el impacto acumulativo de todos los proyectos mineros en la región.
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La falencia de los informes de impacto ambiental
El informe de impacto ambiental, herramienta clave en la regulación de la minería, es uno de los aspectos más cuestionados por las comunidades y los ambientalistas. La falta de un análisis integral y acumulativo de los efectos de la minería en el territorio ha llevado a que muchos informes sean considerados insuficientes. De hecho, el año pasado, la justicia de Catamarca suspendió la habilitación de proyectos mineros hasta que las empresas presentaran informes de impacto ambiental más detallados y completos.
El futuro del litio: ¿desarrollo o explotación?
Con el creciente interés global en el litio, las comunidades indígenas siguen luchando por sus derechos. Aunque los beneficios económicos derivados de la extracción del mineral son indiscutibles, el precio que pagan las comunidades sigue siendo alto: no solo en términos ambientales, sino también en la pérdida de sus tierras y su forma de vida.
Mientras tanto, el Estado y las empresas siguen enfrentando el desafío de encontrar una solución que permita un desarrollo inclusivo y respetuoso con los derechos de los pueblos originarios. Para Pragier, el futuro del litio depende de un cambio en la forma en que el Estado interactúa con las comunidades y de una verdadera implementación de la interculturalidad en las políticas públicas.
El litio sigue siendo una de las principales promesas de desarrollo para el norte argentino, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿a qué costo? Si el Estado no actúa con mayor responsabilidad y no garantiza el respeto de los derechos indígenas, el conflicto seguirá profundizándose. En este contexto, la minería del litio podría pasar de ser una fuente de riqueza para algunos, a una verdadera bomba de tiempo social y ambiental.