- Damnificados de la causa Horizonte denunciaron al juez Rodolfo Fernández.
- Lo acusan de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros puntos.
- El caso se inició luego del desplazamiento de la abogada Silvana Llanes.
Un grupo numeroso de personas damnificadas por la estafa inmobiliaria del grupo Horizonte se presentó en las oficinas de la Brigada de Delitos Complejos, en el centro de San Salvador de Jujuy, para formalizar una denuncia penal contra el juez Rodolfo Fernández, titular del Juzgado de Control Penal Económico, por una serie de decisiones que -según sostienen- vulneran gravemente sus derechos como víctimas.
La denuncia alcanza a los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y amenazas, y se origina a partir del desplazamiento de la abogada Silvana Llanes, quien venía representando a los damnificados desde hace años, sin consulta ni consentimiento de la mayoría de los querellantes.
De acuerdo al testimonio de los vecinos, la resolución fue adoptada de manera unilateral, respondiendo al planteo de un grupo minoritario, e impuso nuevos representantes legales, lo que consideran un avasallamiento al derecho de elegir libremente a su defensa y un serio retroceso en los avances logrados en la causa.
Embed – Damnificados del caso Horizonte denunciaron penalmente al juez Rodolfo Fernández
Los damnificados relataron que durante reuniones mantenidas en el juzgado fueron maltratados, ninguneados y sometidos a un trato intimidante, incluyendo el retiro de teléfonos celulares y documentos personales, además de ser obligados a permanecer en un patio interno mientras se les informaba que la decisión era “irrevocable”.
Según afirmaron, el magistrado habría manifestado en reiteradas oportunidades que uno de los abogados designados “haría todo lo que él le indicara”, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre la imparcialidad judicial y motivó la presentación de la denuncia penal.
“Somos las víctimas y sentimos que la Justicia está beneficiando a los imputados. Nos están revictimizando”, expresaron los denunciantes, quienes recordaron que existe un convenio homologado que establece la escrituración de los terrenos en un plazo determinado, sin que hasta el momento se hayan impulsado medidas efectivas para garantizar su cumplimiento.
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Además, advirtieron que los mismos terrenos estarían siendo ofrecidos nuevamente a terceros, situación que, a su entender, debería ser controlada por el juzgado interviniente y no está ocurriendo.
Los vecinos también denunciaron trato discriminatorio, particularmente hacia integrantes de comunidades originarias, y una conducta reiterada de soberbia y abuso de poder por parte del magistrado.
“Nos vendieron terrenos con servicios que nunca existieron. Llevamos años esperando justicia y hoy sentimos que todo vuelve a foja cero”, manifestaron. Según indicaron, la causa involucra a más de mil personas damnificadas de distintos puntos del país.
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Por el momento, al menos 25 vecinos ya formalizaron la denuncia, aunque anticiparon que el número continuará creciendo. Asimismo, solicitarán la separación del juez Rodolfo Nino Fernández de la causa, al considerar que su continuidad compromete la transparencia del proceso.
Los damnificados adelantaron que continuarán movilizándose y realizando presentaciones judiciales para evitar que la causa se dilate aún más o sea cerrada sin respuestas, en un expediente que ya lleva años de espera y frustraciones.