El titular de CODECUC Jujuy, Alejandro Mur, cuestionó duramente al Ejecutivo municipal por modificar por decreto un aspecto central del pliego de licitación del transporte urbano, el cual había sido previamente aprobado por el Concejo Deliberante.
Según explicó, el intendente introdujo cambios sin convocar a los concejales, alterando el artículo 1 del pliego de bases y condiciones, lo que —remarcó— resulta objetable desde el punto de vista legal e institucional. En el decreto, además, se excluye a la línea 26 del Grupo 3, sin brindar mayores fundamentos ni información adicional. Esta línea brindaría servicio por los barrios Gorriti, Los Alisos y Alto Comedero.
Suponemos que ese recorrido los realizará otra línea ya que de no ser así muchos usuarios se quedarían sin servicio. Suponemos que ese recorrido los realizará otra línea ya que de no ser así muchos usuarios se quedarían sin servicio.
Solicitando además que el municipio o Concejo Deliberante informen el porqué de esta medida.
Mur sostuvo que cualquier modificación al pliego aprobado debería realizarse mediante una nueva ordenanza, y no a través de un decreto, menos aún sin debate ni explicaciones públicas. “No se informó absolutamente nada más sobre la licitación, nadie salió a dar explicaciones, ni el intendente, ni los concejales”, remarcó.
Asimismo adelantó que realizarán presentaciones judiciales: “Todavía estamos en feria judicial, pero a partir del lunes 2 de febrero se inicia la actividad normal”, señaló Mur, y adelantó que en los próximos días se avanzará con nuevas presentaciones judiciales.
Según explicaron, las acciones podrían concretarse dentro del mismo expediente donde se tramita el incidente del amparo iniciado previamente, aunque no se descarta una vía paralela. “Seguramente vamos a estar solicitando, haciendo alguna presentación en forma, ya sea en el mismo expediente del incidente por el amparo que había iniciado la institución por esta cuestión de la licitación y todo lo que implica, o en forma independiente”, indicaron.
No obstante, remarcaron que ambas alternativas estarían estrechamente relacionadas. “Entendemos que va a ir vinculado lo uno con lo otro, porque estos son como hechos nuevos que van ocurriendo en el trámite de una acción judicial que ya se ha planteado”, explicaron.
La causa judicial cuestiona la legalidad del proceso licitatorio, al considerar que existen incompatibilidades normativas. En ese sentido, señalaron que “varios artículos y puntos del pliego, como así también de la ordenanza 8232, son violatorios de la Carta Orgánica”, motivo central del planteo ante la Justicia.
Desde la institución adelantaron que estos nuevos hechos serán incorporados para ampliar el análisis judicial sobre la validez del procedimiento en curso.