Se generó una fuerte controversia institucional en Fraile Pintado luego de que el departamento ejecutivo municipal anunciara que no abonará los salarios a trabajadores del Concejo Deliberante, pese a que sus cargos figuran dentro del presupuesto 2026 ya aprobado.
Desde el Legislativo local explicaron que, como ocurre cada año, el Ejecutivo envió el proyecto de presupuesto con la previsión de gastos y personal, mientras que el Concejo presentó la nómina detallada de sus empleados.
Al respecto el concejal Marcelo Illanes dijo: “El presupuesto lo manda el Ejecutivo al Legislativo para cubrir los gastos del año. Nosotros presentamos la nómina del personal del Concejo, donde se especifica todo. Son 30 empleados, la misma cantidad con la que se viene trabajando desde hace años”, indicó.
Sin embargo, denuncian que ahora el municipio sostiene que no corresponde abonar esos sueldos. “Por una mala interpretación del artículo 8 y del anexo 5 del presupuesto, no les quieren pagar. Incluso el asesor legal del municipio salió en los medios diciendo rotundamente que no se les va a pagar”.
Según explicaron, los trabajadores del Concejo no son de planta permanente, sino contratados, una modalidad habitual que se renueva cada año al momento de aprobar el presupuesto. Se trata de secretarios, maestranza, entre otros.
“El Ejecutivo había pedido antes la nómina completa. Se la enviamos con nombre, apellido, categoría y función de cada empleado, y tenemos el recibido. O sea que tenían pleno conocimiento de quiénes integran el Concejo”, remarcó.
Además, subrayaron que el presupuesto fue aprobado con la inclusión de ese personal y que incluso ya se había abonado el mes de diciembre de manera proporcional. “Por eso nos sorprende esta decisión ahora. Los empleados ya habían cobrado y estaban contemplados dentro del esquema presupuestario”, agregó.
También precisaron que luego de perder la presidencia del Concejo Delieberante, el intendente José «Ruly» Cardozo, adopta estas medidas para que no haya actividad en el Deliberante.
Desde el Concejo advirtieron que la medida genera incertidumbre en 30 familias que dependen de esos ingresos y anticiparon que buscarán una solución administrativa o legal para garantizar el pago de los salarios.