A dos años de iniciada la causa judicial conocida en Jujuy como “los tuiteros”, la Justicia provincial fijó finalmente una audiencia para tratar el pedido de sobreseimiento de Nahuel Morandini, uno de los dos jóvenes que permanecieron 53 días detenidos junto a Roque Villegas, en un proceso que despertó fuertes críticas por su impacto en la libertad de expresión y el uso del sistema penal.
La audiencia fue programada para el martes 3 de febrero, a las 16, y se llevará a cabo en la Oficina de Gestión Judicial. Allí se analizarán los planteos presentados en reiteradas oportunidades por la defensa de Morandini, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal, quienes reclaman el cierre definitivo de la causa.
El caso se remonta a enero de 2024, cuando Morandini y Villegas fueron detenidos tras compartir en redes sociales una humorada vinculada a la vida sentimental del entonces gobernador Gerardo Morales. En ese mismo contexto, cientos de publicaciones similares circularon en redes, lo que generó cuestionamientos sobre una utilización selectiva de la justicia con fines disciplinadores.
Desde el inicio, Nahuel Morandini se puso a disposición de la Justicia, entregó su teléfono celular y colaboró con la investigación, entendiendo que no había cometido delito alguno. A pesar de ello, fue enviado a cárcel común, denunció haber sido sometido a torturas en los primeros días de detención y se impuso a su entorno un bozal legal que intentó limitar la difusión pública del caso.
Por impulso del entonces fiscal Walter Rondón, ambos jóvenes fueron imputados por delitos graves, con una interpretación forzada de figuras penales, con el objetivo —según denunciaron sus defensas— de mantenerlos detenidos y presionarlos para aceptar un juicio abreviado, reconociendo delitos inexistentes. En ese marco, incluso se imputó a una amiga de la familia, utilizando como prueba mensajes de un grupo privado de WhatsApp.
La liberación de Morandini y Villegas se logró gracias a la movilización de familiares, amigos, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales, además de la difusión nacional del caso, que puso a Jujuy en el centro del debate por la criminalización de expresiones en redes sociales. Sin embargo, la causa quedó abierta y sin avances durante casi dos años.
En paralelo, Morandini y Villegas denunciaron torturas y vejaciones sufridas durante su detención. Esa denuncia fue investigada por el fiscal Funes, quien dio por probados los hechos denunciados y solicitó la imputación de personal del Servicio Penitenciario.
De cara a la audiencia del 3 de febrero, familiares y amigos de Morandini convocaron a organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y periodistas a acompañar la instancia judicial, con el objetivo de exigir el sobreseimiento y el cierre definitivo de lo que califican como una causa vergonzosa y persecutoria.
La audiencia será considerada clave, no solo para la situación procesal de Morandini, sino también como un precedente sobre los límites del poder punitivo del Estado frente a la libertad de expresión en Jujuy.