- Otra vez EJESA en la mira: buscan regular la distinción injustificada entre tarifa comercial y domiciliaria.
- Quieren frenar los aumentos desmedidos, transparentar la composición de las boletas y establecer un sistema más justo.
El sostenido aumento en las tarifas de los servicios públicos esenciales, particularmente de energía eléctrica, ha generado una creciente preocupación social y económica en amplios sectores de la comunidad. Estos incrementos impactan de manera directa en la economía familiar y en la actividad comercial, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares y elevando los costos operativos de pequeños y medianos emprendimientos. En un contexto de dificultades económicas, la discusión sobre la equidad, legalidad y transparencia en la conformación de las tarifas adquiere especial relevancia.
A esta situación se suman cuestionamientos respecto a la aplicación de cuadros tarifarios diferenciados sin fundamentos técnicos claros, la incorporación de tasas o conceptos ajenos al servicio en las facturas y el rol de los organismos de control, cuya función debería garantizar la defensa de los derechos de los usuarios. La falta de criterios de proporcionalidad entre el costo del servicio y la capacidad de pago de la población profundiza el malestar y plantea la necesidad de revisar el esquema vigente.
En este marco, surgen iniciativas que buscan frenar los aumentos desmedidos, transparentar la composición de las boletas y establecer un sistema más justo, basado en principios de razonabilidad, legalidad y protección del usuario.
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En este sentido, el abogado Roberto Alemán dijo que esta iniciativa surge de varios sectores sociales, ONG, sindicatos y militancia. Explicando que cuando el servicio eléctrico era prestado por el Estado, tenía cierto fundamento que se cobrara un costo mayor según el destino que le daba el usuario. De ese modo, “quien tenía un almacén, una despensa o una peluquería abonaba una tarifa más alta por el uso comercial del servicio. Sin embargo, hoy esa distinción carece de sentido, de justicia y de razonabilidad, especialmente desde que el servicio fue concesionado a empresas privadas.”
Por ese motivo, presentamos un petitorio dirigido a los Legisladores y al Poder Ejecutivo provincial —que también tiene facultades regulatorias— para que se revisen los contratos de concesión de los servicios públicos. Consideramos que mantener esta diferenciación tarifaria constituye un enriquecimiento sin causa para la empresa. Por ese motivo, presentamos un petitorio dirigido a los Legisladores y al Poder Ejecutivo provincial —que también tiene facultades regulatorias— para que se revisen los contratos de concesión de los servicios públicos. Consideramos que mantener esta diferenciación tarifaria constituye un enriquecimiento sin causa para la empresa.
¿Por qué? Porque la empresa no puede demostrar que brindar energía a un pequeño comercio implique un costo mayor que hacerlo a un usuario domiciliario. “No existe una infraestructura adicional, ni instalaciones especiales, ni medidores distintos que justifiquen que se cobre hasta cuatro veces más por el mismo servicio.”
Embed – Iniciativa para frenar los tarifazos de luz en Jujuy
A diferencia del Estado, que podía aplicar criterios de política pública, la empresa privada simplemente presta el servicio. Por lo tanto, no resulta razonable ni equitativo sostener una tarifa más elevada cuando no hay un mayor costo operativo que la respalde.
Entonces, el cambio de fondo que estamos solicitando no solo apunta a eliminar esta distinción injustificada entre tarifa comercial y domiciliaria, sino también a que se cumpla efectivamente la Resolución 267 de la Secretaría de Comercio e Industria.
¿Y por qué es importante esto? Porque dicha resolución prohíbe incorporar en las boletas de servicios públicos cualquier ítem que no esté estrictamente vinculado con el servicio que se presta.
Es decir, en la factura solo debería cobrarse la energía consumida y los conceptos directamente relacionados con ese suministro. Sin embargo, hoy vemos que se agregan cargos, tasas o conceptos adicionales que nada tienen que ver con el servicio eléctrico en sí, lo que termina encareciendo artificialmente el monto que paga el usuario.
Por eso entendemos que estas prácticas no solo resultan irrazonables, sino también contrarias a la normativa vigente y perjudican directamente a los vecinos y a los pequeños comerciantes, explicó Alemán.
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