Los beneficiarios del fallo por la expropiacin de YPF solicitaron a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska que obligue al gobierno de Javier Milei a detallar la ubicacin, cuentas y movimientos de sus reservas de oro.
Este pedido, interpela al Banco Central que preside Santiago Bausili y que de alguna manera reconocen que la operacin con el oro estaba floja de papeles y expona a las autoridades a una causa penal.
La denuncia y «un testigo calificado»
El pedido de los demandantes se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$ 16.100 millones de dlares.
Segn los demandantes, el pas incumpli la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.
Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina present a un expositor «deliberadamente no preparado», lo cual consideran una maniobra de obstruccin en el proceso de descubrimiento de bienes.
Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
La informacin proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.
En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que «el incumplimiento de la Repblica en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecucin de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultacin de ms de US$1.000 mil millones en reservas de oro».
Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es «grave y continua» y que el dao econmico es mayor debido a que el precio del metal alcanz un mximo histrico.
Luis Caputo y su informacin directa
La presentacin judicial seala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.
Segn el texto, el ministro de Economa, Luis Caputo, posee informacin directa sobre el traslado de los activos, resaltando que «el ‘jefe’ de (Santiago) Bausili» (presidente del Banco Central) y que ambos estn en «contacto continuo va grupo de chat».
Para los litigantes, la eleccin de un testigo sin estos conocimientos «equivale a una falta de comparecencia».
Ante esta situacin, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal «obligue a la Repblica a proporcionar de inmediato una declaracin jurada identificando la ubicacin, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro».
En caso de que el gobierno alegue falta de acceso a la informacin del Banco Central, pidieron celebrar una «audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos».
Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la Repblica Argentina pagar los «honorarios razonables de abogados» de los demandantes por su conducta obstructiva.
Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditora General de la Nacin (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la informacin sobre el transporte de las reservas.
Fuente: La Poltica Online