El Concejo Municipal de Resistencia avanzó en la regularización dominial de tierras fiscales ocupadas desde hace décadas, en el marco de una sesión extraordinaria solicitada a pedido del Ejecutivo.
La iniciativa incluyó el tratamiento de un paquete de ordenanzas orientado a adjudicar en venta lotes municipales habitados desde hace 20, 30 y hasta 40 años por familias que consolidaron allí sus viviendas y su vida comunitaria.
El debate colocó en el centro de la agenda un proceso de ordenamiento territorial que impacta de manera directa en barrios históricos de la ciudad.
La concejala Soledad Villagra, integrante del bloque CER, se refirió al alcance social de la propuesta y destacó su relevancia como política pública estructural. Según precisó, la regularización constituye un paso significativo para resolver situaciones que se prolongaron durante generaciones, en sectores donde la ocupación se consolidó con el tiempo sin que existiera una respuesta administrativa integral que garantizara la titularidad formal de los inmuebles.
El eje central de las ordenanzas tratadas apunta a la adjudicación en venta de terrenos municipales ocupados desde hace décadas. Se trata de áreas urbanas consolidadas, con infraestructura básica y redes comunitarias activas, pero que permanecían en situación irregular desde el punto de vista dominial.
La propuesta busca establecer un marco normativo que permita formalizar la compra de los lotes por parte de quienes los habitan, bajo condiciones que deberán definirse en la reglamentación correspondiente.
Villagra sostuvo que la problemática debe ocupar un lugar prioritario en la agenda legislativa local y afirmó: «Hay que hacer bastante hincapié en el tema de los lotes y en el ordenamiento de la ciudad».
En esa línea, vinculó la iniciativa con una visión más amplia de planificación urbana, orientada a ordenar el crecimiento de Resistencia y dotar de previsibilidad a la expansión de servicios e infraestructura en zonas ya consolidadas.
Desde una perspectiva institucional, la regularización dominial no solo implica otorgar seguridad jurídica a las familias, sino también facilitar la planificación estatal en materia de servicios públicos, obras y desarrollo urbano.
La formalización de la titularidad permitiría al municipio contar con información catastral precisa y establecer políticas de inversión con criterios técnicos, lo que redunda en una gestión territorial más eficiente y sostenible.
UN AÑO LEGISLATIVO MARCADO POR TENSIONES
Más allá del tratamiento específico del paquete de ordenanzas, la concejal anticipó un escenario legislativo exigente para 2026.
En sus declaraciones, advirtió que el Concejo enfrentará un contexto complejo tanto por factores externos como por debates internos vinculados a la dinámica municipal y a la coyuntura económica nacional.
Villagra expresó: «Nos espera un año complejo, en vista de lo que es para afuera y también lo que es para adentro».
Entre los temas que anticipó como foco de debate figura la posibilidad de introducir cambios en el estatuto municipal, en particular en lo referido al régimen del empleado público.
La edila señaló: «Van a pretender algunos cambios en el estatuto municipal y ahí vamos a estar sentadas defendiendo sobre todo al empleado municipal».
La declaración refleja la posición de su bloque frente a eventuales reformas que impacten en las condiciones laborales del personal comunal.
Impacto urbano
La venta formal de lotes fiscales ocupados durante décadas puede representar una transformación sustantiva para numerosos barrios de Resistencia.
La posibilidad de acceder a la escritura otorga seguridad jurídica a las familias y habilita nuevas oportunidades, como el acceso a créditos para mejoras habitacionales y la incorporación plena al sistema formal de servicios.
En un contexto económico desafiante, la regularización dominial aparece como una medida estructural con efectos directos en la calidad de vida de cientos de hogares.
La formalización de la propiedad no solo consolida derechos individuales, sino que fortalece el entramado urbano y promueve una integración más equitativa dentro de la ciudad.
La consolidación jurídica de estos asentamientos históricos permite además al municipio proyectar obras de infraestructura con mayor previsibilidad, optimizar la recaudación y planificar el crecimiento urbano bajo criterios técnicos.
Agenda social y ambiental en espera
Además de la regularización dominial, Villagra destacó otras iniciativas impulsadas desde su banca junto a la concejala Lucila Masin. Entre ellas mencionó proyectos vinculados a la prevención y abordaje de la violencia laboral en el ámbito municipal, políticas ambientales orientadas a la protección de lagunas y propuestas de ordenamiento ecológico del territorio urbano.
La edila indicó quace varias de estas propuestas continúan sin tratamiento en el recinto, al permanecer en comisión. Al respecto, expresó: «Tenemos varios proyectos pendientes, en la dulce espera de que nos permitan tratarlos».
En materia ambiental, los proyectos incluyen herramientas tributarias como la ecotasa, concebida como un instrumento para promover prácticas sustentables y fortalecer la capacidad de financiamiento de políticas de preservación.
La protección de lagunas y el ordenamiento ecológico se presentan como ejes estratégicos en una ciudad cuya identidad y desarrollo están estrechamente ligados a su entorno natural. Asimismo, Villagra también señaló que parte del trabajo social vinculado a estas problemáticas se desarrolla fuera del ámbito institucional, ante la ausencia de programas municipales consolidados en determinadas áreas.
Según explicó, una porción significativa de la asistencia y el acompañamiento se realiza «desde afuera», en articulación con actores comunitarios y organizaciones territoriales.