La crisis que atraviesan las escuelas agrotécnicas de Jujuy volvió a quedar en evidencia tras el testimonio de Liliana Tapia, directora de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 4 “Nelly Arrieta”, quien denunció públicamente una profunda falta de personal, carencias estructurales y la ausencia de una ley provincial de diseño curricular para la modalidad.
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En diálogo con Radio 2, Tapia aseguró que la problemática “no es solo de una escuela”, sino que alcanza a las 15 agrotécnicas de la provincia, que —según afirmó— comparten un mismo nivel de abandono ministerial.
Sin ley provincial y con cargos sin cubrir
Uno de los reclamos centrales es la inexistencia de una normativa jurisdiccional específica para las agrotécnicas. Actualmente, explicó, solo cuentan con un marco de homologación nacional, pero no con una ley provincial que garantice estructura, cargos y funcionamiento acordes a la modalidad.
“Nos faltan jefes generales de enseñanza práctica, pañoleros, peones de campo, maestros de enseñanza práctica. Nos dan uno cuando necesitamos tres por entorno formativo”, detalló la directiva.
La consecuencia directa es la sobrecarga del personal existente, alumnos realizando actividades sin supervisión suficiente y demoras de meses en la cobertura de cargos. “Todos los años perdemos mucho tiempo. Los concursos se autorizan tarde y hay espacios que recién se cubren en julio o agosto”, señaló.
Talleres con maquinaria obsoleta y sin agua potable
La institución cuenta con una matrícula de 400 alumnos y un predio de prácticas ubicado a 4 kilómetros del edificio central. Los estudiantes deben caminar esa distancia para realizar tareas de campo.
Según denunció Tapia, en el sector productivo:
- No hay agua potable (pese a estar a metros de una red troncal).
- No existen aulas, solo bancos bajo los árboles.
- Los talleres de carpintería y electricidad funcionan con máquinas viejas y obsoletas.
- Los tractores tienen décadas de uso y su mantenimiento se solventa con aportes del propio personal.
“Hace 33 años que pedimos agua potable. No hay voluntad de resolverlo”, afirmó.
Seguro inexistente para actividades de riesgo
Otro punto crítico es la falta de seguro para los alumnos, pese a tratarse de una modalidad con actividades de riesgo laboral: manipulación de herramientas, maquinaria pesada y tareas agrarias.
Tapia recordó el caso ocurrido en la Escuela Agrotécnica N° 5, donde un alumno sufrió un grave episodio de salud y la institución no contaba con cobertura específica. “Pedimos que nos digan quién paga el seguro y qué tipo de póliza corresponde. No tenemos respuestas”, expresó.
Animales, guardias y fondos que no alcanzan
A diferencia de otras instituciones, las agrotécnicas no pueden cerrar en verano. Durante enero y febrero deben organizar guardias rotativas para alimentar animales y mantener cultivos.
Gran parte de los recursos provienen de programas nacionales, pero las partidas —según indicaron— no se actualizan. “El service del tractor costó 3 millones de pesos. Lo pagamos en parte con fondos que llegaron y en parte con recaudación y aportes propios”, sostuvo.
En Libertador, la empresa Ledesma colabora con un terreno de tres hectáreas y asistencia técnica, aunque la directora remarcó que “no es el sector privado quien debe sostener la educación pública”.
Pedido de auditorías y mesa de trabajo
Los 15 directores se autoconvocan periódicamente, elaboraron actas conjuntas, presentaron una propuesta de ley, un diseño curricular propio y solicitaron auditorías técnicas para que el Ministerio verifique el estado real de infraestructura y equipamiento.
También pidieron formalmente una mesa de trabajo, pero —según denuncian— no obtuvieron respuesta. “Si ocurre un accidente, la responsabilidad cae sobre nosotros. Por eso pedimos que auditen y tomen cartas en el asunto”, advirtió Tapia.
A días del inicio del ciclo lectivo, la comunidad educativa espera definiciones. Mientras tanto, las clases comenzarán en un contexto que la propia directora definió como “angustiante”, con infraestructura insuficiente, falta de personal y sin certezas sobre la cobertura de riesgos para los estudiantes.