El diputado provincial Luis Federico Canedi elevó a la Legislatura un proyecto que declara la Emergencia en Seguridad Pública en todo el territorio provincial por el término de dos años, bajo el argumento de que existe una “insuficiencia operativa” de la fuerza y una asignación ineficiente de recursos.
Según los fundamentos, la provincia cuenta con 8.716 efectivos distribuidos en ocho Unidades Regionales, pero una parte significativa no cumple tareas preventivas en la calle. Por ello, el proyecto ordena un relevamiento integral del personal policial y penitenciario en un plazo de 60 días y establece como medida central el cese de custodias políticas y funciones administrativas para funcionarios, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
Los efectivos que sean liberados de esas tareas deberán ser reasignados exclusivamente a patrullaje y prevención, priorizando las zonas con mayor índice delictivo según el mapa del delito.
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En el plano económico, la iniciativa dispone que, durante la vigencia de la emergencia, se prohíban nuevos aportes, subsidios o transferencias a sociedades del Estado, incluyendo a JEMSE y Cannava S.E..
Esos recursos, junto con las utilidades líquidas de dichas empresas, serían volcados a un “Plan Extraordinario de Seguridad”, con destino específico:
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Garantizar combustible y mantenimiento permanente de móviles policiales.
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Reparar y mejorar la infraestructura crítica de comisarías y destacamentos.
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Adquirir equipamiento de protección personal y tecnología.
El proyecto también pone el foco en la operatividad de la flota policial, señalando que actualmente muchos móviles cuentan con cupos limitados de combustible y quedan en servicio “precario” al agotarse la carga diaria, lo que reduce la presencia en barrios.
Otro eje de la propuesta es la participación comunitaria, promoviendo la articulación con centros vecinales y cámaras comerciales para implementar sistemas de alerta temprana, monitoreo barrial y conexión directa con el 911. Además, invita a municipios y comisiones municipales a adherir a la ley, ofreciendo prioridad en la asignación de recursos para iluminación y desmalezamiento como herramientas de prevención primaria.
Finalmente, se plantea la creación de una Comisión de Investigación y Seguimiento de la Emergencia en el ámbito legislativo. El Ejecutivo deberá remitir informes trimestrales detallando:
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Nómina de personal recuperado de tareas administrativas o de custodia.
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Monto exacto de fondos reasignados y su aplicación por Unidad Regional.
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Evolución de los indicadores de seguridad en las zonas intervenidas.
La iniciativa se inscribe en un contexto de creciente debate público sobre la inseguridad y ahora deberá atravesar el análisis en comisiones antes de llegar al recinto para su tratamiento.