El funcionario detalló los tiempos del análisis del teléfono de Mauricio Novelli, negó irregularidades en el acceso a la información y buscó despejar dudas tras la difusión de documentos.
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Taiano defendió su actuación en la causa $LIBRA.
El fiscal federal Eduardo Taiano rompió el silencio y buscó ordenar el escenario en la causa $LIBRA, luego de las críticas por supuestas demoras en el acceso a información clave. A través de un comunicado, el funcionario defendió el trabajo de la fiscalía, negó irregularidades y aseguró que la investigación “avanza” con respeto a las garantías procesales.
El eje de la controversia gira en torno al análisis del celular del lobista Mauricio Novelli, una de las piezas centrales del expediente vinculado a la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.
Taiano detalló el recorrido del informe elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo al que se le encomendó el análisis de los dispositivos secuestrados.
Según precisó, el 17 de noviembre de 2025 se recibió un informe preliminar, que calificó como “orientador” y sin conclusiones definitivas. En esa etapa, el trabajo todavía estaba en curso.
El informe final, en cambio, llegó el 13 de enero de 2026 con conclusiones “rigurosas”. Posteriormente, fue incorporado al sistema judicial y quedó disponible para las partes el 24 de febrero, es decir, antes de que se hiciera pública la filtración de documentos el 6 de marzo. Con esta cronología, el fiscal buscó desactivar las acusaciones de demora o retención de información.
Otro de los puntos que generó ruido fue la citación como testigo de la periodista Natalia Volosin, medida que finalmente no se concretó, y Taiano aclaró que esa convocatoria respondió a un pedido de una de las querellas, en el marco de la preocupación por la difusión de material reservado. Sin embargo, la decisión fue dejada sin efecto luego de que el procurador general Eduardo Casal iniciara un sumario administrativo y promoviera una investigación penal por la filtración.
Esa denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, en una causa paralela que apunta a determinar cómo se difundió la información sensible.
Sin ocultamiento y con la causa en marcha
En su descargo, el fiscal subrayó que fue la propia fiscalía la que impulsó el secuestro y análisis de los dispositivos electrónicos de los imputados, y rechazó de plano cualquier sospecha de ocultamiento de pruebas.
Además, fuentes del caso relativizan el impacto procesal de la filtración. Si bien las defensas podrían intentar planteos de nulidad, sostienen que el informe de la DATIP ya estaba incorporado al sistema y accesible antes de su difusión pública.
“Las precisiones buscan aportar claridad sobre lo ocurrido”, señalaron desde la fiscalía, que insistió en la necesidad de resguardar la información sensible para no comprometer la eficacia del proceso.