El dato de recaudación de ARCA es clave para la relación fiscal. Tras siete meses de caída, gobernadores analizan el impacto en sus cuentas y buscan mecanismos de compensación con el Gobierno nacional.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informará en breve un dato clave para la dinámica entre el Gobierno nacional y las provincias: la recaudación tributaria. Esta cifra, sensible y en observación, marcará los próximos pasos en un año de necesidades y reclamos por parte de los gobiernos provinciales.
En febrero, la recaudación cayó por séptimo mes consecutivo, totalizando $16,2 billones. Si bien los ingresos crecieron un 20% en términos nominales, al descontar el efecto de la inflación, la baja real fue del orden del 9%. Este resultado se atribuye a la menor actividad económica.
La merma de recursos impacta directamente en las finanzas provinciales, afectando tanto la coparticipación como los ingresos propios. Esta situación limita la capacidad de los gobernadores para responder a demandas salariales de empleados públicos, como docentes y miembros de fuerzas de seguridad, que ya han iniciado reclamos en varias jurisdicciones.
El escenario ha derivado en paros y medidas de fuerza. Los gremios exigen aumentos que acompañen la inflación, mientras que los mandatarios provinciales sostienen que sus ofertas representan el «máximo esfuerzo» posible, dada la debilidad de la recaudación y la reducción de transferencias nacionales.
Entre las provincias que enfrentan complicaciones se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Misiones, Salta, Río Negro, San Juan, Jujuy y La Rioja, entre otras. Los gobernadores advierten que el reparto discrecional de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) resulta insuficiente para compensar la caída de ingresos y sostener el funcionamiento de sus arcas.
En este contexto, los mandatarios buscan negociar mecanismos de compensación con el Gobierno nacional, manteniendo por ahora un tono de diálogo. La relación se desarrolla en un año donde la administración nacional requiere respaldos parlamentarios para avanzar con su agenda legislativa, un apoyo que los legisladores vinculados a los gobernadores pueden brindar.