Un informe técnico sobre el impacto ambiental acumulado fue clave para la decisión judicial. Se habilita la continuidad de proyectos existentes bajo un estricto esquema de monitoreo y control.
La actividad minera en Catamarca suma un nuevo capítulo tras la decisión de la Corte de Justicia de levantar la medida cautelar que, desde el año pasado, impedía avanzar con permisos y concesiones en el área del río Los Patos. La resolución se adoptó luego de analizar un estudio integral sobre el impacto ambiental acumulado en la cuenca.
Según explicó el abogado y vocal de la Cámara Minera, Gerermo Romero, en diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), el estudio incorporó datos recolectados desde 2013 hasta la actualidad, incluyendo relevamientos sobre flora, fauna y condiciones socioeconómicas. «El estudio que pidió la corte se llama estudio y gestión de impacto ambiental acumulativo integral», señaló.
Uno de los puntos centrales del análisis es el uso del agua. Romero indicó que la actividad minera utiliza menos del 5% de la recarga natural de la cuenca, incluso en períodos de menor caudal. «No más del 5% de la recarga de ese curso de agua es la que se está utilizando actualmente para la producción», afirmó.
Con el levantamiento de la cautelar, se habilita la continuidad de los proyectos en marcha y la posibilidad de nuevas inversiones en la zona. Sin embargo, la autorización no es automática ni ilimitada. El esquema dispuesto incluye controles periódicos para evaluar la disponibilidad del recurso hídrico y el impacto acumulado de las operaciones.
De acuerdo con lo explicado por Romero, se implementará un sistema de monitoreo continuo con informes trimestrales que permitirán determinar si la cuenca puede sostener nuevas demandas. En caso de que un proyecto requiera más agua de la disponible, no podrá ser autorizado.
La decisión también incorpora mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento de los controles, en un contexto donde la actividad minera continúa generando debate. Actualmente, proyectos como Mara avanzan en instancias de audiencias públicas en departamentos como Andalgalá y Belén.
Romero sostuvo que el fallo aporta previsibilidad tanto para las empresas como para la comunidad. «Esto es una medida muy importante para los inversores, porque nos hablan de seguridad jurídica, pero también para nuestra ciudadanía», expresó.