La legislatura salteña modificó su Código Contravencional para incluir el acoso escolar y establecer responsabilidades para los tutores de los estudiantes involucrados.
La Cámara de Diputados de Salta sancionó una reforma al Código Contravencional que incorpora la figura del bullying y establece sanciones para los padres o tutores de alumnos que incurran en acoso escolar. La norma, similar a un proyecto que cuenta con media sanción en Mendoza, busca que los adultos asuman un rol activo en la prevención de la violencia y respondan por las conductas de sus hijos.
Según información publicada por medios salteños, la modificación establece sanciones de hasta 30 días de arresto o multas para los tutores que ignoren notificaciones por bullying y no se observe un cambio en la conducta del menor. Antes de cualquier arresto, los responsables deberán comparecer ante un juez contravencional, quien podrá evaluar reemplazar la prisión por multas, tareas comunitarias o tratamientos psicológicos.
El proyecto, impulsado por la senadora Bettina Navarro y con aportes de otras iniciativas, apunta a reforzar la responsabilidad de los adultos a cargo de menores, en línea con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora aguarda la promulgación por parte del gobernador Gustavo Sáenz.
«Los padres son reticentes a asistir al establecimiento cuando fueron citados o notificados», señaló la diputada Socorro Villamayor. Frente al crecimiento de las denuncias por intimidaciones físicas, psicológicas y verbales entre estudiantes, Mendoza también avanza con una reforma similar en su Código Contravencional.
En el caso mendocino, las sanciones a los padres consisten en trabajo comunitario de hasta 50 días y multas de hasta $2.000.000 si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas. La propuesta también prevé instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas para prevenir la reincidencia.
De acuerdo con la iniciativa oficial mendocina, la primera sanción para los padres será trabajo comunitario y la segunda, multas económicas. Si el menor repite conductas de acoso, el juez podrá duplicar las sanciones y exigir asistencia obligatoria a talleres o terapias familiares. El documento incluye criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos y organismos de protección de derechos.