Un informe del organismo internacional calificó la promoción industrial fueguina como una política de alto costo para el Estado y señaló problemas estructurales en su diseño, al tiempo que proyectó crecimiento para la economía argentina.
El Banco Mundial incluyó un análisis del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego en su informe «Panorama Económico de América Latina y el Caribe». En el documento, el organismo calificó esta política como de alto costo fiscal, estimado en US$1.070 millones anuales para el Estado argentino, y señaló problemas en su diseño.
El informe también proyectó un crecimiento para la economía argentina del 3,6% en 2026 y del 3,7% en 2027, ubicándola entre las economías con perspectiva de expansión en la región.
Respecto al régimen fueguino, el Banco Mundial indicó que, si bien las políticas industriales pueden ser herramientas válidas para el desarrollo, requieren mecanismos claros de revisión y plazos definidos. Advirtió que la falta de límites en la asistencia estatal puede generar «incentivos perversos» que se alejan de los objetivos iniciales.
Entre los problemas estructurales identificados, el organismo mencionó las exenciones arancelarias que permiten importar insumos sin pagar derechos, otorgando una ventaja competitiva frente a productores del resto del país. También se refirió al esquema de créditos vinculados al IVA, que en la práctica, según el análisis, no logra fomentar el valor agregado local, limitándose muchas empresas a ensamblar productos con componentes importados.
El diagnóstico señala que esta combinación de beneficios promueve un modelo basado en la importación de grandes volúmenes sin aranceles para su comercialización en el continente, con acceso a incentivos estatales. La actividad económica sostenida por el régimen «no es autosuficiente», según el informe, ya que depende en gran medida de transferencias fiscales y no de mejoras en productividad o innovación.
Finalmente, el Banco Mundial subrayó que este tipo de políticas, cuando se consolidan por largos períodos sin reformas, resultan difíciles de revertir, lo que plantea un desafío en términos de eficiencia, competitividad y uso de recursos públicos.