Declaración judicial en Bariloche reaviva debate sobre adquisición de tierras y capitales extranjeros

Un empresario reconoció en un juicio que financió la compra de miles de hectáreas con fondos vinculados a Emiratos Árabes Unidos. La causa, iniciada contra una mujer mapuche, finalizó con su absolución y abrió cuestionamientos sobre la legalidad de la operación.

Una declaración realizada en el marco de un juicio en San Carlos de Bariloche generó repercusiones tras conocerse detalles sobre la adquisición de extensas tierras en la Patagonia. El empresario Hugo Alberto Barabucci reconoció que la compra de aproximadamente 14.600 hectáreas, parte de un total cercano a las 20.000, fue financiada con una donación vinculada al gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

La revelación se produjo durante un proceso judicial iniciado por el propio Barabucci contra una integrante de una comunidad mapuche, a quien acusaba de usurpación y hurto. Sin embargo, el juez Marcelo Álvarez Melinger absolvió a la mujer por falta de pruebas suficientes. La acusada pertenece a una comunidad que históricamente utiliza esos territorios para el pastoreo, práctica reconocida por la legislación nacional.

Las tierras en cuestión se encuentran en una zona de alto valor ambiental, con bosques nativos, cursos de agua y áreas protegidas, además de estar ubicadas dentro de una franja considerada de seguridad de fronteras. Esta situación ha generado interrogantes sobre la legalidad de la operación, dado que la normativa argentina establece limitaciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, especialmente en áreas estratégicas o con recursos naturales.

Tras la audiencia, los abogados defensores de la parte absuelta anunciaron que impulsarán nuevas acciones para que se investigue la operación inmobiliaria. Sostienen que podrían existir irregularidades tanto por el origen de los fondos como por la posible violación de normativas vigentes.

El caso expone un entramado más amplio de sociedades y actores vinculados a negocios inmobiliarios en la región, en un contexto donde la tensión por el acceso a la tierra, los derechos de las comunidades originarias y la presencia de capitales extranjeros continúa siendo un tema de debate en la Patagonia. Así, lo que comenzó como un juicio por presunta usurpación derivó en un episodio de mayor alcance, cuyas implicancias legales, políticas y territoriales podrían ser objeto de nuevas investigaciones.

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