El padre de Ángel López, un niño de 4 años, solicitó la imputación y detención de la madre biológica y su pareja por homicidio agravado. La querella también cuestiona a funcionarios judiciales y de protección de derechos.
El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, ha tomado un nuevo rumbo judicial. Luis Armando López, padre del menor, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de la denuncia penal en la que solicitó la inmediata imputación y detención de la madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano, y del padrastro, Maicol González.
La acusación formal es por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. Según el documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la querella sostiene que el fallecimiento no fue un accidente, sino el desenlace de meses de maltrato físico y desamparo institucional, describiendo un escenario de «comportamientos convergentes» que derivaron en la tragedia.
La autopsia preliminar resultó fundamental para el avance de la causa, al revelar lesiones traumáticas en la región craneal que son incompatibles con una muerte natural y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suman testimonios de vecinos que presenciaron episodios de violencia y la denuncia de que los imputados habrían quemado prendas del niño para eliminar evidencia biológica.
Asimismo, el pedido de detención inmediata se fundamenta en un concreto peligro de fuga hacia la ciudad de El Dorado, Misiones, plan que habría sido gestionado por Altamirano a través de un familiar.
Uno de los puntos más críticos de la presentación es la acusación contra el juez de Familia, Pablo José Pérez, la asesora Verónica Roldán y la integrante del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. La querella sostiene que estos funcionarios permitieron el infanticidio al ignorar sistemáticamente las señales de alerta. El abogado Roberto Castillo trazó un paralelismo directo con el caso de Lucio Dupuy, señalando que los funcionarios habrían incumplido los deberes de capacitación y detección temprana establecidos en la Ley 27.709. «Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda», concluye la denuncia.
Mientras la conmoción crece en Comodoro Rivadavia, la Justicia debe resolver ahora el pedido de detención para evitar la impunidad de los sospechosos.