Matías García Terán, director de Desarrollo Humano de la municipalidad capitalina, analizó el proyecto de reforma, señalando la falta de aplicación de la norma vigente y aclarando que ya contempla la internación involuntaria.
Matías García Terán, director de Desarrollo Humano de la municipalidad de la capital catamarqueña, se refirió al proyecto del Gobierno Nacional de modificar la Ley de Salud Mental. En sus declaraciones, abordó dos ejes principales: la falta de financiamiento y aplicación de la ley actual por parte del Estado nacional, y los criterios de internación involuntaria que se buscan reformar.
«Llama la atención, en primer término, la motivación detrás de esta modificación. El Gobierno Nacional actual ha desfinanciado de manera profunda todo lo que tiene que ver con los programas en salud mental, haciendo que la plena implementación de la ley cada vez esté más lejos», expresó García Terán. Y agregó: «Si mal no recuerdo, he leído hace poco el presupuesto destinado a salud mental y no supera dos jubilaciones mínimas en los últimos meses. Entonces, ¿cómo llevar adelante la implementación de una ley con esos montos en todo un país tan vasto? Es casi imposible».
Asimismo, cuestionó los fundamentos de la reforma, en particular respecto a la internación involuntaria. «Se está brindando una información totalmente errada, porque la ley de salud mental actual contempla perfectamente el criterio de internación involuntaria», afirmó. Desmintió versiones que indicarían que, ante una persona con un cuadro agudo, los profesionales no podrían proceder sin su consentimiento. «Eso es totalmente falso, porque hoy el criterio de internación involuntaria existe perfectamente como en cualquier problemática de salud», explicó.
El funcionario municipal argumentó que «da la impresión de que la única solución que podría haber a ciertas problemáticas es el aislamiento de las personas», un enfoque que, a su juicio, «a nivel terapéutico está altamente demostrado en todo el mundo que no funciona a la larga, termina cronificando las patologías».
Finalmente, García Terán sostuvo que «por diferentes razones la plena implementación de la ley no sucede con un total estándar en todo el país», lo que genera que muchas personas no accedan a dispositivos alternativos como residencias asistidas. «Ahí el problema no es la ley en sí misma, sino la falta de financiamiento y aplicación de la misma», concluyó, enfatizando que dentro de la red asistencial contemplada por la norma vigente, «el criterio de manicomio no tiene ningún sentido, ni siquiera terapéutico».