El organismo provincial aplica un programa de regularización que incluye la pérdida de la propiedad y lo abonado para los casos de irregularidad en la ocupación.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Catamarca implementa un programa de regularización de deudas y ocupaciones que contempla la desadjudicación de aquellas viviendas que no sean habitadas de forma regular. La medida, explicada por el asesor legal del organismo, Raúl Barrionuevo, alcanza a toda la provincia.
El IPV verifica si una vivienda está abandonada, se usa temporalmente, se alquila o se presta. Al constatarse la irregularidad, se aplica una cláusula del contrato de adjudicación. «Mientras tenga una deuda con el organismo, está sujeto a este poder de policía», señaló Barrionuevo.
La consecuencia es la desadjudicación: el beneficiario pierde la vivienda y todo lo pagado, y no podrá volver a inscribirse en programas de asistencia habitacional del Estado.
Barrionuevo reveló que, al inicio de la gestión del arquitecto Alberto ‘Abeto’ Barrionuevo, el IPV recuperaba solo 80 millones de pesos mensuales. Un informe detectó 4600 viviendas en la provincia que no abonaban. Tras un trabajo casa por casa y ajuste de cuotas, la situación se regularizó y la recaudación mensual ronda ahora los 400 millones de pesos.
La mitad de las irregularidades se concentran en la Capital y la otra mitad en el interior. En departamentos alejados, el IPV trabaja con convenios con el Ministerio de Seguridad para el seguimiento, donde personal policial realiza visitas, levanta actas y envía material fotográfico.
Consultado sobre viviendas con financiamiento privado, como las de Valle Chico, Barrionuevo precisó que el poder de policía del IPV aplica a todos los programas donde el organismo financie total o parcialmente la solución habitacional. «Absolutamente todos los programas», subrayó.