La Corte de Justicia estableció límites concretos al uso de inteligencia artificial en tribunales: queda prohibido utilizarla para dictar sentencias y su empleo estará restringido a tareas de apoyo. La medida ya rige y prevé sanciones.
La Corte de Justicia estableció límites concretos al uso de inteligencia artificial en tribunales: queda prohibido utilizarla para dictar sentencias y su empleo estará restringido a tareas de apoyo. La medida ya rige y prevé sanciones.
“El dictado de una sentencia con uso de inteligencia artificial está expresamente prohibido”, afirmó la ministra de la Corte de Justicia, Fabiana Edith Gómez. En La Mañana de El Esquiú (Radio El Esquiú 95.3), la jueza explicó que la acordada 4808 busca ordenar una práctica que ya existe. “Hoy el uso de estas herramientas está al alcance de todos, incluidos los operadores judiciales”, señaló. Por eso, la Corte decidió intervenir. “Asumimos un rol activo en la gobernanza tecnológica”, remarcó.
El nuevo esquema obliga a identificar qué herramientas se usan, registrar su aplicación y evaluar riesgos. “Queremos saber cuáles son esos usos y poder medirlos”, indicó. También prevé capacitación y seguimiento técnico. “Siempre con acompañamiento y asesoramiento informático”, agregó.
El uso permitido tiene límites claros. La inteligencia artificial podrá emplearse para tareas administrativas: “clasificar documentos”, “ordenar expedientes” o “mejorar la redacción” de textos ya elaborados. Pero no podrá intervenir en decisiones judiciales. “Son herramientas de apoyo”, insistió.
La acordada alcanza a toda la estructura judicial. “Va a ser aplicada de manera integral”, sostuvo Gómez. La responsabilidad será individual. Si se detecta uso indebido, la consecuencia es directa: “la sanción es la nulidad de la sentencia”.
Otro punto clave es el control humano. “No debemos confiar ciegamente en la información que proporciona”, advirtió. La Corte exige verificación permanente. “El principio es la centralidad humana”, subrayó.
Además, el Poder Judicial ya incorporó herramientas específicas. Una de ellas permite “anonimizar datos sensibles” en resoluciones antes de su publicación, para proteger a las personas involucradas.
La implementación será gradual. “Ya está en marcha”, confirmó Gómez. El sistema se completa con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil en agosto. “Nos anticipamos para prepararnos”, explicó.