El gobierno nacional recortó transferencias a provincias y municipios por más de $970.000 millones, suspendió obras hídricas clave y reasignó partidas para el plan de retiros de ANSES y sentencias judiciales, en el marco de la búsqueda del superávit fiscal.
El ajuste sobre el federalismo es el más cuantioso, superando los $970.000 millones en quitas a provincias y municipios. Esto incluye la eliminación de transferencias directas y la suspensión de obras hídricas vitales, como el Acueducto Vipos en Tucumán y el Sistema de Agua Potable de Concordia. La paralización de la obra pública se profundiza con un recorte de $27.641 millones en saneamiento e infraestructura hídrica.
En contraste con estos recortes, la normativa incorpora partidas específicas para financiar el “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” en la ANSES. Este programa de desvinculación para empleados con más de dos años de antigüedad ofrece indemnizaciones de hasta $80 millones en una cuota y hasta dos cuotas mensuales si superara esta cifra. Asimismo, se incrementó en $500.000 millones el límite para el pago de sentencias judiciales previsionales, elevando el total a $712.288 millones para cubrir juicios de jubilados.
El decreto también incluyó ajustes en el presupuesto del Consejo de la Magistratura para garantizar su funcionamiento operativo en medio del reordenamiento general. La adecuación presupuestaria alcanza a este organismo clave del Poder Judicial de la Nación, con un incremento de $115.194 millones destinados a gastos en personal dentro del programa “Actividades Centrales”, sumado a otros $22.000 millones asignados a bienes de uso bajo el programa “Justicia de Máxima Instancia”.
En resumen, estas medidas representan un nuevo avance del ajuste fiscal encomendado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes reactivaron la reducción sobre las partidas aprobadas del Presupuesto 2026. Esta reestructuración tiene como objetivo central blindar la meta de superávit fiscal comprometida ante el FMI, mediante recortes profundos en diversas áreas.
El ajuste más severo se concentró en el ítem de “Otras Asistencias financieras -servicios económicos-”, bajo la órbita de Obligaciones del Tesoro Nacional, con una quita de $1,47 billones, cifra que guarda relación directa con la reducción de subsidios y la consecuente actualización de las tarifas de servicios públicos. Entre las partidas recortadas se destacan: Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía ($359.497 millones), Infraestructura para el Desarrollo del Deporte ($320.671 millones), Obra de Repavimentación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 38, Tramo: Lte. Tucumán / Catamarca – Aguilares ($97.104 millones), Fondo de Compensación Salarial Docente ($78.711 millones), Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer ($63.021 millones), Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía ($55.465 millones) e Integración Socio-Urbana ($39.442 millones).
En términos netos, el presupuesto para la Administración Central sufrió una poda de $2,5 billones (1,6%). Esta cifra, combinada con una recaudación superior a la estimada por $565.000 millones, permite incrementar la proyección del superávit fiscal en más de $3 billones, situando la nueva meta en los $3,2 billones.