Un propietario y un contratista aportaron datos sobre alquileres en dólares, obras y pagos en efectivo en el country Indio Cuá, en el marco de la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete.
El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración este miércoles a José Luis Rodríguez, propietario de una casa en el country Indio Cuá que fue alquilada por Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Durante su testimonio, Rodríguez aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler de la vivienda y otros contratos temporarios celebrados con Adorni.
Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario pagó 13.000 dólares para instalarse con su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por 120.000 dólares. La obra estuvo a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.
El testigo sostuvo que el acuerdo de alquiler se prorrogó de manera verbal por otros tres meses, por los cuales Adorni habría desembolsado otros 2.400 dólares. Todos los pagos, según indicó, se realizaron en efectivo y en dólares. Rodríguez también declaró que no fue la primera vez que le alquiló una propiedad al actual jefe de Gabinete, ya que ambos habían firmado previamente un contrato temporal en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia.
Además, señaló que Adorni pasó el verano de 2024 en el country Indio Cuá, cuando ya había sido designado como vocero presidencial. Esa estadía, siempre según el testimonio, tuvo un costo de 5.600 dólares. La declaración de Rodríguez se suma a la de Matías Tabar, el contratista que encabezó las remodelaciones de la casa adquirida por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, dentro del mismo barrio privado. El empresario aseguró ante Pollicita que las obras demandaron alrededor de 245.000 dólares y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.
Según explicó Tabar, los trabajos se desarrollaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron reformas en cocina, baño, quincho, pileta, pisos y galería, entre otros espacios. También detalló que recibió los pagos en dos tramos: 55.000 dólares durante 2024 y otros 190.000 dólares en 2025. El contratista aportó además su teléfono celular y datos de las personas que participaron de la obra, entre ellas albañiles, plomeros y electricistas.
La investigación judicial intenta reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de propiedades y el pago de las remodelaciones. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita. En ese expediente ya se solicitaron informes patrimoniales, registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros. También se incorporaron datos sobre la escritura de la vivienda del country Indio Cuá, firmada el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko. Sin embargo, según consta en documentación oficial, la propiedad todavía figura en registros municipales a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.
En sus últimas apariciones públicas, Adorni rechazó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el dinero destinado tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en sus propiedades.