El Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional acordaron un incremento salarial del 24,33% y un refuerzo de becas, aunque las universidades mantienen la demanda judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes al mediodía un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Pese al principio de acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma votada y ratificada en el Congreso que continúa sin aplicarse.
La propuesta incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos: 21,33% en julio y 3% en octubre. Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.
El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores afirmaron que no retirarán la demanda judicial sobre la causa que analiza la Corte Suprema por los fondos universitarios. Además del aumento salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026. El acta rubricada incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que promueve el acceso, avance y finalización de estudios en áreas clave para el desarrollo del país. A eso se sumó un financiamiento de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios.
Las conversaciones también abarcaron una negociación puntual para el personal docente de establecimientos preuniversitarios, donde la situación salarial es más delicada debido a la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios. El reclamo alcanza a docentes y no docentes, en un contexto donde los rectores exigen una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones sindicales.
La causa por la Ley de Financiamiento Universitario tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse. La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es «ilegal» porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.
Del lado sindical, la desconfianza continúa. «Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años», declararon desde Conadu a Infobae. Las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar. También hubo medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios. Estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como protesta.