La fiscal de feria Yésica Miranda dispuso peritajes de marcas y señales sobre la hacienda secuestrada. La defensa presentó nuevas denuncias contra efectivos policiales por apremios ilegales.
La investigación penal por el supuesto hecho de abigeato en el departamento Paclín sumó nuevas derivaciones judiciales. La fiscal de feria, Yésica Miranda, ordenó las primeras medidas de prueba destinadas a verificar la propiedad de la hacienda secuestrada. Los integrantes de la familia afectada ampliaron las denuncias penales en la Unidad Judicial N° 1 contra el personal policial interviniente, bajo la acusación de haber cometido apremios ilegales durante el procedimiento en el Puesto La Pastora.
Tras asumir el control de la causa en el marco del receso de feria judicial, la fiscal Miranda dispuso el libramiento de oficios dirigidos a las dependencias oficiales correspondientes para realizar el peritaje de marcas y señales de los animales que permanecen incautados. Según confirmó el abogado defensor de la familia afectada, Orlando del Señor Barrientos, la notificación formal de esta disposición técnica se concretó en las primeras horas de la jornada de este jueves.
El objetivo de estas pericias es constatar si los vacunos y equinos corresponden a los registros de propiedad presentados por la defensa o si guardan relación con la denuncia original de sustracción que dio origen al expediente.
En paralelo, los integrantes de la familia Montivero que custodiaban la hacienda en la zona alta del puesto rural se trasladaron a la Capital provincial para presentarse ante la Unidad Judicial N° 1 y radicar nuevas denuncias. Las acusaciones formales apuntan a cuatro efectivos de la fuerza de seguridad: dos señalados por el accionar en la parte delantera del procedimiento y otros dos que custodiaban el sector trasero. La defensa aclaró que las denuncias por malos tratos e irregularidades en el procedimiento se dirigen de manera exclusiva a estos cuatro policías.
El letrado desvinculó de cualquier proceder anómalo al resto de las autoridades judiciales que intervinieron en la causa, destacando que tanto el fiscal de instrucción original, Laureano Palacios, como la delegada judicial de la localidad de Los Altos, se desempeñaron conforme a derecho en todo momento.
Los hechos bajo investigación se originaron la semana pasada en el límite geográfico entre los departamentos de Santa Rosa y Paclín, un sector de montaña de difícil acceso. Bajo las directivas iniciales de la Fiscalía de Instrucción N° 2, se coordinó un despliegue de seguridad ejecutado por personal de la División Abigeato, con la colaboración de efectivos de la Policía Montada, comisarías de la Zona B y la Delegada Judicial de Los Altos. En dicho procedimiento se ordenó el secuestro preventivo de 70 animales en el Puesto La Pastora: 42 vacunos y 28 equinos, bajo la sospecha de abigeato.
Desde el inicio del conflicto, la defensa objetó el traslado de la totalidad de la hacienda hacia la Capital provincial, señalando que existía una directiva inicial para que permanecieran en el predio rural. Barrientos aseguró contar con la documentación legal que acredita la legítima propiedad de los vacunos por parte de la familia Montivero. Con respecto a los 28 equinos secuestrados, el letrado explicó que se trata de animales entregados por sus dueños para realizar tareas de doma, descartando su vinculación con actividades delictivas.