El fiscal General, Alejandro Gober, intimó al fiscal de Instrucción Nº 2, Laureano Palacios, a concluir en 60 días la investigación preparatoria y resolver la situación procesal de los policías acusados por la golpiza a Ricardo Paucará en 2015.
El fiscal General de Catamarca, Alejandro Gober, exhortó al titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 2, Laureano Palacios, a que en un plazo no mayor a 60 días concluya la investigación preparatoria y resuelva la situación procesal de los policías acusados por la golpiza propinada en julio de 2015 a Ricardo Paucará. La medida fue establecida salvo que “sobrevengan circunstancias procesales objetivas que razonablemente lo impidan”.
La solicitud se produjo en la misma resolución en la que Gober rechazó una queja por retardo de justicia interpuesta por la defensa de uno de los acusados. La decisión se dio en el contexto de la sentencia de la Corte de Justicia que declaró la prescripción de la causa por la Tragedia de la Alcaidía, que incluyó cuestionamientos a la actuación de los operadores judiciales y les atribuyó responsabilidad por no haber llevado el caso a juicio en plazos razonables.
Palacios asumió el cargo en 2022, siete años después de los hechos. Según la información disponible, solo cuatro de los 11 años de tramitación del expediente Paucará corresponden a su gestión.
Ricardo Paucará fue detenido el 20 de julio de 2015. Policías encapuchados interceptaron un taxi en el que se trasladaba junto a sus hermanos, lo sacaron del vehículo y lo llevaron a la Comisaría Décima, donde permaneció dos días. Los médicos le diagnosticaron una fisura en el intestino y decenas de hematomas internos. Fue intervenido quirúrgicamente y le extirparon diez centímetros de intestino delgado. Recibió el alta médica tras un mes de internación.
En la indagatoria, los policías declararon que lo detuvieron porque les había hecho burla.
La queja por retardo de justicia fue presentada por el abogado Pedro Vélez, defensor de Lucas Exequiel Valdez, uno de los cinco imputados por privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y vejaciones. Según Vélez, su defendido era el chofer del móvil y no participó de las golpizas. El letrado afirmó que la causa iba a elevarse a juicio pero “se demostró que el decreto de determinación del hecho, que es el origen de la acusación, tenía tales vicios que impedían a los imputados defenderse”. “La única complejidad está dada por la propia inoperancia del sistema judicial”, sostuvo Vélez.
La Fiscalía tiene dos meses para ordenar el caso y procurar la elevación a juicio de la Causa Paucará, que fue elevada a juicio por primera vez en 2018 y quedó trabada en la Justicia de Garantías.