Un documento de la Dirección Nacional del INTA señala que los retiros voluntarios dejaron al organismo sin 889 agentes, afectando capacidades científicas, técnicas y territoriales.
La Dirección Nacional del INTA elaboró un informe interno de 22 páginas en el que advierte que el régimen de Retiro Voluntario (RV) implementado en 2026 provocó la salida de 889 agentes, equivalentes al 18% de la planta de personal. Según el documento, la mitad de los retirados son profesionales, y de ellos 233 poseen estudios de posgrado financiados mayoritariamente con recursos públicos.
El informe señala que el RV afectó a 29 cadenas y economías regionales en 202 unidades territoriales, y que un 23% de las actividades en los territorios ya no pueden ejecutarse, mientras que otro 29% está en riesgo. Además, se indica que 93 convenios y servicios de gestión de calidad no pueden cumplirse, entre ellos acuerdos con empresas como Crucianelli, LEAF y Don Mario.
El documento también detalla que el INTA perdió su nexo técnico ante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, y que equipamiento de alta complejidad quedó inoperable para brindar servicios al sector productivo. En materia presupuestaria, se registró una reducción del 54% del crédito anual (2023-2026) y del 41% de la ejecución presupuestaria (2023-2025).
La Dirección Nacional concluyó que el RV no operó como un proceso de readecuación racional, sino que profundizó una ruptura institucional, afectando el núcleo técnico-científico y acelerando el deterioro del prestigio institucional. El informe fue difundido por el medio Bichos de Campo.
