Proyecto oficial busca eliminar el tope a la posesión de tierras por extranjeros

El Poder Ejecutivo Nacional impulsa una iniciativa para derogar el límite del 15% en la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. En Catamarca, Tinogasta registra un 27% de tierras en manos foráneas, según un informe del Observatorio de Tierras.

El Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que establece un límite del 15% para la posesión de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. Dicho porcentaje se calcula sobre la extensión total del territorio nacional, así como sobre la superficie de cada provincia, municipio o departamento.

De acuerdo con datos oficiales, la posesión de tierras en manos extranjeras alcanza actualmente el 5% a nivel nacional. No obstante, el Observatorio de Tierras informó que en 36 departamentos de distintas provincias se supera el tope del 15%. En Catamarca, el departamento de Tinogasta registra un 27% de tierras en manos de extranjeros, donde ya existen proyectos mineros en explotación y otros que podrían activarse en los próximos años.

Entre los departamentos con mayor porcentaje de extranjerización se encuentran Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), donde la cifra supera el 50%. El informe señala que los porcentajes más altos se concentran en zonas con reservas mineras, recursos hídricos o ventajas logísticas como puertos o vías navegables.

Matías Oberlín, investigador del Conicet, afirmó: “La mecánica es muy clara: son tierras o de frontera o ricas en recursos minerales e hídricos. Se ubican donde hay recursos que son finitos como en la zona de la Cordillera, donde hay glaciares y minerales críticos o como en la hidrovía del Paraná”.

El proyecto propuesto por el gobierno nacional eliminaría cualquier tope a la posesión de tierras por parte de extranjeros. Expertos en la materia sostienen que, de aprobarse, podría profundizarse el proceso de extranjerización y generar efectos como pérdida de control sobre recursos estratégicos, mayor concentración dominial, presión sobre pequeños productores y conflictos por el uso del agua y el territorio.

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