La Sala Penal de la Corte analiza un recurso de casación. La defensa cuestionó las pruebas admitidas en el juicio. El fiscal solicitó ratificar la condena de 15 años.
La Sala Penal de la Corte de Justicia llevó a cabo este jueves, en el Salón San Martín, la audiencia de expresión de agravios correspondiente al recurso de casación interpuesto en una causa por delito contra la integridad sexual tramitada bajo la modalidad de juicio por jurados. La medida judicial fue impulsada por la defensa técnica del condenado, a cargo del abogado Jairo Emanuel Reynoso, con el objetivo de lograr la nulidad del fallo que impuso una pena de 15 años de prisión.
Durante la exposición, la defensa sostuvo que la sentencia debe ser anulada al considerar que, durante la audiencia de admisión de evidencias, se incorporó prueba calificada como irregular, lo que habría vulnerado garantías constitucionales. En concreto, el letrado cuestionó la admisión parcial de un informe médico legal, al interpretar que contenía apreciaciones sobre un eventual daño psíquico que excedían las incumbencias de la profesional que lo elaboró. A su vez, objetó la incorporación de manifestaciones atribuidas al imputado dentro de un informe socioambiental, por estimar que fueron obtenidas sin las garantías del derecho de defensa. Según el planteo defensivo, ambas pruebas influyeron en la deliberación del jurado popular y afectaron el debido proceso.
A su turno, el fiscal Alejandro Dalla Lasta Baroni rechazó el planteo de nulidad. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la jueza directora del debate actuó ajustada a derecho al aceptar los elementos probatorios atacados y remarcó que a lo largo del juicio se escuchó una importante cantidad de testimonios que sustentaron con solidez la acusación. En consecuencia, solicitó a los miembros de la Sala Penal que se ratifique lo actuado y no se haga lugar a la solicitud de la defensa.
El caso analiza los hechos por los cuales un hombre de 39 años fue declarado culpable por un jurado popular por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años, en carácter continuado. Los episodios ocurrieron entre 2021 y 2024 en el ámbito intrafamiliar. La jueza directora, Daniela Barrionuevo, fijó oportunamente la pena de 15 años tras valorar el grave impacto psicológico y la manipulación ejercida sobre la víctima, quien convivía con el agresor desde pequeña. Mientras la Corte resuelve el recurso, el condenado permanece en libertad condicional sujeto a pautas de conducta estrictas, entre ellas la portación de un dispositivo electrónico dual de control y la prohibición absoluta de acercamiento a la víctima.
El abuso sexual en la infancia representa una de las formas de violencia más graves que sufren niños, niñas y adolescentes. Especialistas en la materia coinciden en destacar que la inmensa mayoría de estos hechos ocurren dentro del ámbito intrafamiliar, donde los agresores suelen ser figuras cercanas como padres, padrastros, tíos o hermanos. En esta dinámica, el agresor aprovecha la relación asimétrica de poder, la confianza y el afecto para ejercer manipulación y amedrentamiento, generando un profundo sentimiento de culpa en la víctima. Esta coerción psicológica provoca que los damnificados tarden años en romper el silencio y denunciar lo sucedido. Por este motivo, la detección temprana y el acompañamiento institucional resultan fundamentales para interrumpir el círculo de secreto y violencia. Ante cualquier sospecha o consulta, se encuentra disponible en todo el país la Línea 102, un servicio gratuito, confidencial y especializado de atención a la niñez que funciona las 24 horas, los 365 días del año.