El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el embargo preventivo del departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La medida se inscribe en la segunda etapa de decomisos de la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó el embargo preventivo del departamento ubicado en la calle San José 1111, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La medida fue adoptada en el marco de la segunda etapa de decomisos de la causa Vialidad.
La decisión fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Según el fallo, el embargo tiene carácter preventivo y no implica, por ahora, el decomiso ni la subasta del inmueble. El objetivo es impedir que el bien sea transferido, gravado o sustraído de la jurisdicción mientras se determina su situación definitiva.
El departamento pertenece a la sociedad Los Sauces, vinculada a la familia Kirchner. La inclusión de este inmueble en la nueva etapa de embargos se produjo luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara el decomiso de bienes para avanzar en el recupero de los fondos que, según la sentencia, deben ser devueltos al Estado.
El monto total que deben afrontar los condenados asciende a aproximadamente 685.000 millones de pesos, derivado del perjuicio económico establecido en la causa por irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz. La primera etapa del decomiso, que comprende 111 propiedades, se encuentra pendiente de resolución definitiva por parte de la Corte Suprema.
En la resolución, los magistrados señalaron que la condena determinó que la maniobra investigada generó “beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”. También indicaron que durante el período analizado existió una “conexión económica y comercial comprobada” entre el empresario y las sociedades vinculadas al grupo familiar.
Según el criterio de los jueces, los bienes incorporados a los patrimonios de los condenados entre 2003 y 2015 pueden quedar alcanzados por el decomiso. La resolución también contempla activos transferidos gratuitamente a terceros cuando se considere que están vinculados con el producto o beneficio del delito.