El Ministerio Público Fiscal anunció que insistirá en la causa contra José Luis “Chato” García Coronado, absuelto por el Tribunal Oral Federal por el beneficio de la duda, y presentará un recurso de casación.
El Ministerio Público Fiscal presentará un recurso de casación en la causa contra José Luis “Chato” García Coronado, quien fue absuelto por el Tribunal Oral Federal (TOF) por el beneficio de la duda. García Coronado había llegado a juicio acusado del delito de “producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes, agravado por la participación, en su consumación, de tres personas organizadas para cometerlo”.
El debate oral comenzó el 16 de junio. El tribunal estuvo integrado por los jueces Federico Bothamley y Abelardo Basbus, de Santiago del Estero, y Jorge Chamia, de La Rioja, quienes participaron de manera remota. Por unanimidad, resolvieron la absolución por el beneficio de la duda. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y la fiscal auxiliar María Correa. La defensa del acusado estuvo a cargo del defensor federal Hugo Vizoso.
La Fiscalía había solicitado una pena de 10 años de prisión. Sostuvo que García Coronado fue un partícipe necesario en la organización de los hermanos Barakat Barakat y Fadel Barakat, condenados en 2018 a 12 años de prisión. La acusación se basó en la misma prueba utilizada en ese juicio, entre la que se incluyeron dos poderes amplios otorgados por García Coronado en 2003 y 2005, y la compra de 25 kilos de clorhidrato de lidocaína a la Droguería Libertad S.A. Según los remitos, el destinatario directo era “García Coronado José L.”.
La fiscal auxiliar Correa afirmó: “Vamos a buscar que el Tribunal en Casación revise la sentencia con la que estamos en total desacuerdo. Consideramos que García Coronado fue necesario y según la lectura del veredicto, los jueces realizaron una equívoca valoración porque nosotros nunca lo acusamos de fabricación de estupefacientes, sino de su participación, fue necesaria porque estaba inscripto en los organismos públicos correspondientes como habilitado para la compra y venta al por mayor de productos farmacéuticos”.
La fiscal Correa agregó: “Estaba la lidocaína y la dipirona, que son elementos para estiramiento y corte de estupefacientes, y para estirar el producto final que es la cocaína que fue fabricada en esa cocina. De los tres (los hermanos Barakat) y García Coronado, éste era el único que estaba habilitado. Consideramos que su aporte fue necesario porque están las facturas que prueban que los productos estaban a su nombre, vendidos por la Droguería Libertad SA”.
El requerimiento de elevación a juicio original data del 15 de diciembre de 2017, pero García Coronado se encontraba prófugo, por lo que la acusación se formuló solo contra los hermanos Barakat. El proceso se reanudó tras su detención en marzo de 2023. El pedido de elevación a juicio para García Coronado es de octubre de 2024.
En la primera audiencia, García Coronado declaró que es de nacionalidad boliviana, que tiene DNI para radicados en Argentina, que se dedica a la venta de sándwiches de lomito y que es taxista. “Terminé el secundario de adulto y al momento de los hechos vendía carne en Bolivia”, precisó. Sobre la causa, insistió en su inocencia: “Soy totalmente ajeno a los hechos. Residía en Bolivia”. También declaró: “Se agarraron de eso para vincularme. Es evidente que hicieron uso de mi identidad. No estoy inscripto en Comercio. Soy ajeno a la causa. Me vinculan por haberlos conocido”.
Durante el juicio de 2018, el entonces fiscal federal Rafael Vehils Ruiz mencionó a García Coronado en su alegato: “Los hermanos compartían depósitos. Las sustancias encontradas en Icaño fueron aportadas por los hermanos Barakat y por García Coronado —prófugo—”. Ese juicio terminó el 20 de noviembre de 2018 con la condena a 12 años de prisión para cada uno de los hermanos sirios, hallados culpables como “partícipes necesarios en la fabricación de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas organizadas, en concurso real con el almacenamiento de materias primas destinadas a ese fin”.
Mientras se tramitaba el nuevo debate, García Coronado propuso la realización de un juicio abreviado, en el que admitía su responsabilidad y se podía acordar una condena de entre seis y veinte años. La propuesta fue rechazada por la Fiscalía. Se fijó una nueva fecha y el debate finalizó el 8 de julio.
La investigación se originó a partir del doble crimen de un matrimonio en La Paz, ocurrido el 13 de diciembre de 2010. Mario Alberto “Kempes” Córdoba ingresó a la vivienda de Ángel Chamez e Hiladia Vallejos y los mató a balazos y cuchilladas. Fue detenido y condenado a prisión perpetua. En las pericias se encontró una “cocina” de cocaína: botellas de acetona, éter sulfúrico, ácido clorhídrico, amoníaco, manitol, dipirona, un cuñete de 25 kilos de lidocaína y casi tres kilos de cocaína. El lugar pertenecía al entorno de Elías “El Turco” Exeni, hijo de Hiladia Vallejos, con antecedentes en el mundo narco.
Los investigadores de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) tomaron la causa en 2016 y rastrearon la trazabilidad de las sustancias. La lidocaína tenía el sello de la Droguería Libertad y había sido comprada por José Luis García Coronado. Los allanamientos a los inmuebles de los hermanos Barakat en julio de 2016 permitieron secuestrar más de 80 toneladas de bicarbonato de sodio, precursor químico utilizado en la fabricación de cocaína. La investigación también estableció que la Droguería Libertad había importado el 37% de la efedrina que entre 2004 y 2008 fue a parar a organizaciones narco vinculadas al Triple Crimen de General Rodríguez.