Nueva oficina en la Corte de Justicia: concursaron dos cargos, asumieron ocho funcionarios

La Corte de Justicia de Catamarca puso en funcionamiento una nueva oficina de coordinación estratégica. Ocho personas asumieron funciones el 4 de agosto, aunque solo tres de ellas participaron del concurso público convocado en abril.

La Corte de Justicia abrió en abril un concurso público para cubrir dos cargos en la nueva Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión Judicial, creada en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Asociada, dispuesto por ley a fines de marzo de este año. El pasado 4 de agosto juraron los nuevos responsables, pero además otras seis personas en cargos jerárquicos. De las ocho personas que asumieron en funciones, solamente tres pasaron por el proceso del concurso. Hubo 70 postulantes.

El concurso abierto a fines de abril era para cubrir los cargos de Director/a y Subdirector/a de la nueva Oficina. Se buscaron perfiles de profesionales de la Abogacía «o en disciplinas vinculadas con la gestión, administración u organización, como Administración, Contabilidad, Economía, Ciencias Políticas, Ingeniería u otras afines, debiendo acreditar formación y/o experiencia relevante en gestión pública, organizacional o judicial».

Tras la instancia de evaluación y entrevistas, fueron elegidos Natalia Savio, contadora, como directora de la Oficina, y Emmanuel Arturo Ibáñez, abogado, como subdirector de esa dependencia. Sin embargo, el mismo día juraron Valentina María Casasnovas, ingeniera, y Santiago Saldaño, licenciado, como «coordinadores de fuero de Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión Judicial». Además, juraron como «directores de las Oficinas de Gestión Asociada de la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión Judicial» los abogados Valentina Gandini Figueroa, Arturo Nicolás Brizuela, Silvia Estela del Valle Bulacios y Patricia Daniela De Marcos. De todos ellos, solamente Savio, Ibáñez y Saldaño se presentaron al concurso.

El concurso público se abrió el 27 de abril y las inscripciones cerraron el 7 de mayo. Se hicieron exámenes en junio y luego se realizaron entrevistas con la Corte de Justicia en pleno. Según el proceso publicado en la acordada del 27 de abril, tras la entrevista se elegiría a «los postulantes que estime más idóneos, sin sujeción a orden de mérito vinculante, en función de la idoneidad acreditada en el proceso de selección y de la adecuación del perfil a las necesidades del sistema». También se precisó que los cargos de Director/a y Subdirector/a de la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión Judicial «tendrán rango y jerarquía equivalente al de un Secretario de la Corte de Justicia, a los efectos funcionales, organizativos y remunerativos». Se aclaró que ello «no implica la incorporación a la planta permanente del Poder Judicial ni importará la aplicación del régimen de estabilidad propio del empleo público, ni generará derecho a permanencia o expectativa de continuidad en el cargo».

El 2 de julio, la Corte abrió un nuevo concurso, esta vez dirigido a agentes de planta permanente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo destinado a la cobertura de cargos de Oficial Superior Profesional, Escribiente y Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen de movilidad entre los tres poderes del Estado Provincial. La medida buscaba «fortalecer el servicio de justicia mediante la incorporación de profesionales y técnicos provenientes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, priorizando la idoneidad, la experiencia y las competencias de los postulantes». Cuatro días después, el 6 de julio, la convocatoria se suspendió por «razones operativas y de organización institucional, en virtud de la proximidad a la feria judicial, lo que impide contar con el personal necesario para garantizar el adecuado desarrollo del proceso». Desde entonces, no se informó una fecha nueva. Sin embargo, profesionales de áreas del Ejecutivo que estaban interesados en participar recibieron comunicaciones vía whatsapp de sus superiores en las que se les informó que en los Ministerios «no resulta posible otorgar la conformidad para el pase mediante el régimen de movilidad», por cuestiones operativas. La noticia generó malestar entre los potenciales postulantes.

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