El proyecto busca frenar el sobreendeudamiento de empleados públicos y establecer nuevos controles sobre financieras, mutuales y cooperativas.
El diputado provincial Exequiel Moreno presentó un proyecto de ley para declarar por dos años la emergencia provincial en materia de deducción de haberes y avanzar en un reordenamiento integral del sistema de códigos de descuento. La iniciativa apunta a contener el sobreendeudamiento de los empleados públicos y establecer mayores controles sobre financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades que cobran créditos directamente a través del recibo de sueldo.
El proyecto parte de una situación que, según sus fundamentos, se volvió cada vez más frecuente entre los agentes estatales: sucesivos descuentos que reducen considerablemente el salario disponible y créditos que se refinancian para cancelar obligaciones anteriores. Para Moreno, el sistema terminó generando una distorsión, mientras las entidades cuentan con la seguridad de cobrar directamente del salario mediante la estructura administrativa del Estado, esa reducción del riesgo no siempre se traduce en mejores condiciones financieras para el trabajador.
La iniciativa propone un esquema de reordenamiento que contempla la caducidad de las habilitaciones alcanzadas por la norma y el cierre temporal del sistema para nuevas incorporaciones. Las entidades que ya operaban antes de la sanción podrán acceder posteriormente a una habilitación condicionada, siempre que cumplan con las nuevas exigencias previstas.
Entre esas condiciones se incluyen límites objetivos al costo financiero de las operaciones, mayores obligaciones de información y transparencia y procedimientos de otorgamiento responsable. También se prevé un proceso de auditoría y reempadronamiento para determinar qué entidades podrán continuar utilizando el mecanismo.
Uno de los puntos centrales es la prohibición de prestar o ceder códigos de descuento a financieras u otros terceros que no cuenten con habilitación propia. La iniciativa busca terminar así con esquemas en los que una entidad habilitada funciona como intermediaria para que terceros puedan cobrar créditos directamente del salario de los trabajadores.
El proyecto también apunta a evitar que se incorporen al haber del agente comisiones administrativas, gastos de mantenimiento o costos de gestión adicionales vinculados con estas operaciones y establece mayores herramientas de control sobre las condiciones financieras ofrecidas.
“El código de descuento ha mutado de un beneficio asistencial en una vía libre para el endeudamiento confiscatorio, donde el trabajador queda cautivo de esquemas con costos financieros desproporcionados e inaccesibles”, sostuvo Moreno al fundamentar la iniciativa.
La propuesta no busca eliminar el acceso al crédito de los empleados públicos, sino modificar las condiciones bajo las cuales una entidad puede utilizar el sistema estatal para cobrar directamente sobre los haberes. El eje, según plantea el proyecto, es diferenciar el derecho de una entidad a otorgar financiamiento del beneficio administrativo que implica acceder automáticamente al salario para garantizar su cobro.
La iniciativa alcanza a la Administración Pública Provincial y plantea extender el régimen, respetando las autonomías correspondientes, al resto de los poderes y organismos del Estado y a los municipios.
Con la declaración de emergencia, Moreno propone establecer un período excepcional para revisar el funcionamiento de un sistema vigente desde hace años y fijar nuevas reglas. El objetivo es que el acceso al crédito continúe siendo una herramienta para el trabajador, pero que el recibo de sueldo deje de convertirse en una puerta de entrada al sobreendeudamiento.