La fiscal de Instrucción N°7, Paola González Pinto, investiga una denuncia por supuestas maniobras fraudulentas en la emisión de títulos en el IES Clara J. Armstrong. El SIDCA solicitó ser querellante y pidió revisar los mecanismos de control.
La fiscal de Instrucción N°7, Paola González Pinto, tiene a su cargo la causa penal iniciada por la denuncia del Ministerio de Educación sobre supuestos títulos apócrifos emitidos en el IES “Clara J. Armstrong”. La denuncia original mencionaba 35 títulos irregulares, pero la comisión normalizadora, que asumió el 10 de agosto, amplió la cifra a casi dos centenares.
Según la investigación, las irregularidades fueron detectadas al contrastar las planillas digitales con el soporte físico de los títulos emitidos. El Ministerio denunció maniobras fraudulentas ejecutadas entre 2024 y 2025, pero el SIDCA señaló que se remontan al menos a 2018.
El SIDCA, a través de su titular Sergio Guillamondegui, solicitó constituirse como querellante en la causa. Guillamondegui afirmó que “se ha alterado el orden de mérito de los docentes que nosotros queremos representar” y pidió revisar las grillas, los puntajes y los órdenes de mérito de las Juntas de Clasificación que asignan los cargos docentes.
Guillamondegui describió las operaciones como “un bochorno y un desprestigio” para las instituciones de educación superior. Además, sostuvo que “el problema no está solo en quien vende, sino también en quien compra. Son delincuentes las dos personas. Esto llegó a repercutir alterando el orden de mérito, al inscribirse personas que compraron títulos en la Junta”.
Explicó que “una de las claves era de la persona que redactaba los títulos y la otra clave era la de la rectora, que es la persona que firma los títulos. Tenían un Libro Matriz paralelo dentro del mismo IES”.
El SIDCA advirtió que podría haberse articulado una asociación ilícita dedicada a la comercialización de títulos. El gremio solicitó al Gobierno que realice auditorías en los 17 IES de la Provincia.
Hasta el momento no hay imputaciones. Todo el personal involucrado o denunciado está bajo sumario administrativo en Educación y el IES CJA se encuentra intervenido.