Posada del Cazador: iniciaron una acción civil para solicitar el desalojo de ‘Doña Ema’

La abogada de Carlos Bardeau presentó una demanda civil para desalojar a Ema María Acuña y su esposo del predio en Alijilán, tras la condena penal por fraude inmobiliario.

Ema María Acuña, conocida como “Doña Ema”, fue condenada a dos años de prisión en suspenso por vender fraudulentamente el predio que ya tenía dueño, el ciudadano austriaco Carlos Bardeau. La abogada Maira Alejandra Mansilla, apoderada de Bardeau, presentó ayer una demanda civil para solicitar el desalojo de la histórica Posada del Cazador, ubicada en Alijilán, donde Acuña y su esposo continuarían permaneciendo y explotando comercialmente el inmueble.

Según explicó la letrada, Bardeau adquirió legalmente el predio mediante la Escritura N.º 787 y, antes de iniciar la acción judicial, intimó mediante carta documento a Acuña y a su esposo para que abandonaran el lugar, pero se negaron a hacerlo. Mansilla sostuvo que los ocupantes continúan utilizando comercialmente el inmueble y afirmó que lo hacen “lucrando pese a la condena penal que se encuentra firme y consentida”.

El caso salió a la luz a partir de una serie de operaciones sobre la histórica Posada del Cazador, un predio de Alijilán que durante décadas funcionó como hostería y coto de caza y que contaba, además, con más de 30 búfalos. De acuerdo con la información difundida durante el proceso penal, Acuña y su esposo habían permanecido en el lugar como caseros y, según la acusación, utilizaron esa situación para presentarse como poseedores del inmueble pese a que ya había sido transferido legalmente.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 6 de enero de 2020, cuando Acuña firmó en una escribanía de San Fernando del Valle de Catamarca un boleto de compraventa por US$200.000 con un comprador local. El inmueble, sin embargo, ya había sido adquirido por Bardeau mediante la Escritura N.º 787. La investigación determinó que el mismo bien fue ofrecido y vendido en tres oportunidades. En el juicio penal, la conducta fue encuadrada como estelionato, delito que se configura cuando una persona dispone de un bien ajeno como si fuera propio. La condena fue de dos años de prisión en suspenso.

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