El colapso de un glaciar en el Himalaya generó una inundación devastadora en Nepal. Organizaciones ambientalistas y científicos argentinos advierten sobre la vulnerabilidad de los glaciares andinos y la necesidad de protegerlos ante el cambio climático.
Un desprendimiento de hielo y roca en el Himalaya provocó una inundación que afectó edificios, puentes y viviendas en Nepal. Las causas del desprendimiento aún están bajo investigación.
Greenpeace Argentina emitió un comunicado en el que señaló la vulnerabilidad de los ambientes de alta montaña frente al cambio climático. La organización expresó: “Una enorme masa de hielo y roca se desprendió en el Himalaya y desencadenó una inundación devastadora. Las causas exactas todavía se están investigando y no podemos afirmar que algo igual vaya a ocurrir en Argentina. Pero este episodio vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los ambientes de alta montaña frente a un clima que cambia”.
En ese contexto, Greenpeace cuestionó la reducción de la protección de los glaciares y ambientes periglaciales en Argentina, y sostuvo que “ante el aumento de las temperaturas, necesitamos más conocimiento, más monitoreo y más protección. No menos”.
En mayo pasado, tras la promulgación de la modificación de la Ley 26.639, organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo en el Juzgado Federal de La Pampa para frenar su aplicación. La iniciativa, que reunió más de 850 mil adhesiones, denuncia la inconstitucionalidad de la reforma y solicita una medida cautelar para proteger el agua.
Greenpeace Argentina indicó: “Hoy seguimos esperando una respuesta que puede cambiar el rumbo de nuestros glaciares. Nepal es una advertencia. Argentina todavía puede elegir proteger sus glaciares, su agua y sus ecosistemas”.
Como antecedentes de tragedias ambientales en Argentina, la organización mencionó dos casos: en 1934, en Cacheuta, Mendoza, un glaciar bloqueó un río y al vaciarse el lago se produjo una crecida que causó daños; y en 2005, en Los Erizos, San Juan, un deslizamiento bloqueó un río y al ceder la barrera se liberó el equivalente a más de 12.000 piletas olímpicas, provocando inundaciones.
El glaciólogo Javier Grosfeld, investigador del IPATEC (CONICET), recordó que en 2009 Bariloche estuvo cerca de sufrir una tragedia similar, cuando un lago glaciar al pie del Ventisquero Negro aumentó su volumen tras lluvias intensas, colapsó la barrera natural y provocó un alud en el cerro Tronador, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. El torrente arrastró bloques de hielo hasta el lago Mascardi, a 24 kilómetros de la ciudad, y dejó aislados a los pobladores de Pampa Linda por varios días.
Grosfeld remarcó la necesidad de profundizar los estudios sobre los GLOF (inundación por vaciamiento de un lago glaciar) para prevenirlos.
La reforma a la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639), sancionada originalmente en 2010, habilita a las provincias a autorizar proyectos mineros en áreas periglaciales si consideran que no tienen reservas estratégicas de recursos hídricos. Según ambientalistas, esto abre la puerta a decisiones discrecionales. La modificación fue aprobada por el Congreso en un contexto de nuevas inversiones mineras, principalmente en litio, cobre y oro, impulsadas por beneficios fiscales otorgados por el Gobierno.
El coordinador del área legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Cristian Fernández, declaró a la agencia EFE: “Permitir la minería en estos ecosistemas puede generar muchos problemas. Vuelan la montaña con dinamita y arman un dique de cola, donde vierten agua y sustancias químicas como cianuro, con el peligro de que se filtre hacia las napas subterráneas y contamine acuíferos que conectan con ríos. Además, estos diques artificiales pueden colapsar”. Agregó: “La reforma de la Ley en ese sentido puede ser muy nociva para este ecosistema tan complejo y tan necesario también para los tiempos que vienen de megasequías”. Y añadió: “Tenemos que cuidar estas reservas estratégicas de agua y no ponerlas al servicio de la megaminería de cobre”.
El abogado ambientalista y presidente de la AAAA, Enrique Viale, explicó a Página|12 que Argentina se encuentra en una región de grandes movimientos sísmicos, coincidiendo con la zona cordillerana y precordillerana donde están los grandes emprendimientos mineros. Mencionó las minas Veladero y Vicuña en San Juan como proyectos en ejecución que estuvieron detrás de la modificación de la Ley de Glaciares, y señaló que los diques de cola podrían ceder ante un sismo importante.
Rossi Serra, de Greenpeace Argentina, remarcó que los glaciares conservan el 70 por ciento del agua dulce del planeta y que entre el 18 y el 20 por ciento de los argentinos depende directamente del agua de deshielo de glaciares y ambientes periglaciales.
Las organizaciones, junto a la provincia de La Pampa, presentaron un amparo colectivo para exigir que no se aplique la modificación de la Ley hasta que la Justicia se pronuncie sobre su constitucionalidad. Viale indicó a la agencia EFE: “El trámite judicial es lento. El juzgado tiene paralizada la resolución. Estamos bastante preocupados con la ausencia de respuesta”.
Como antecedente, en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda iniciada por la minera Barrick Gold y la provincia de San Juan. En esa sentencia, la Corte reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos y que los derechos colectivos, como el acceso al agua, prevalecen sobre otros intereses.
Fernández afirmó: “La reforma es inconstitucional a todas luces y, más allá de la estrategia judicial, buscaremos que este tema esté en la agenda pública de cara a las elecciones de 2027 en Argentina, impulsando una ley que restablezca la protección de los glaciares”. Y concluyó: “Tragedias como las de Nepal deben abrir los ojos de todos”.