Un relevamiento de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) indica que el 83% de los robos al transporte de mercadería en el país se concentra en camionetas, furgones y utilitarios de reparto. El informe señala que el crecimiento del comercio electrónico y la fragmentación de las cargas trasladaron el riesgo hacia la última milla.
Según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), el 83% de los 4.490 robos al transporte de mercadería registrados en un período de 12 meses afectaron a camionetas, furgones y utilitarios de reparto. El 17% restante tuvo como objetivo a camiones de gran porte.
El informe señala que el 54% de los incidentes ocurre durante operaciones de carga y descarga, mientras que el 27% se produce en semáforos o detenciones eventuales. En conjunto, más de ocho de cada diez hechos se concretan cuando el vehículo está detenido o con capacidad de reacción limitada.
La distribución geográfica indica que el 52% de los casos se registra en la provincia de Buenos Aires y cerca del 20% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra aproximadamente el 72% de los hechos. Los comestibles representan el 38% de las mercaderías afectadas y la paquetería urbana, otro 24%.
El estudio anual 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico registró 253 millones de órdenes de compra y 645 millones de productos vendidos en el país. Según Sebastián Cason, presidente de CASEL, “el crecimiento del comercio electrónico atomizó las cargas y multiplicó la cantidad de vehículos que circulan diariamente para realizar entregas. La seguridad logística ya no puede terminar en la puerta del centro de distribución: debe acompañar a la mercadería durante todo el recorrido”.
En cuanto a las herramientas de seguridad, Cason indicó que el GPS “continúa siendo útil, pero ya no alcanza”. Explicó que el rastreo satelital permite localizar y reconstruir el recorrido de una unidad, pero no siempre permite conocer qué ocurre dentro del vehículo, si una puerta fue abierta fuera de una zona autorizada, si existe interferencia de comunicaciones, si el conductor está siendo amenazado o si una detención anticipa un intento de robo.
La respuesta tecnológica, según CASEL, comienza a integrar sensores de apertura, cerraduras electromecánicas, geocercas dinámicas, lectura de datos del vehículo, detección de inhibidores de señal y cámaras embarcadas con inteligencia artificial. La videovigilancia móvil con procesamiento en el propio vehículo (Edge AI) permite analizar imágenes sin depender permanentemente de una conexión externa. Ante un evento objetivo, el sistema emite una advertencia en la cabina y envía al centro de monitoreo un clip breve para que el operador verifique la situación.
En relación con la privacidad de los conductores, CASEL sostiene que la regulación debería apoyarse en el principio de finalidad exclusiva. Las imágenes solamente podrían utilizarse para prevenir siniestros, proteger la integridad de las personas y aportar evidencia ante un incidente, y no como herramienta de fiscalización laboral indiscriminada. El procesamiento local permite que las cámaras no transmitan imágenes de manera permanente. Solo cuando se detecta una alerta objetiva se envía un fragmento de entre 10 y 15 segundos al centro de monitoreo.
En cuanto al parque automotor, la Argentina contaba al cierre de 2025 con aproximadamente 15,78 millones de vehículos, de los cuales alrededor de 11,46 millones tienen hasta 20 años de antigüedad, según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. CASEL identifica un segmento prioritario de aproximadamente 725.400 unidades empresariales, integrado por camiones pesados y vehículos livianos de flotas corporativas. La Cámara estima que entre el 15% y el 20% del parque automotor argentino podría estar conectado hacia 2030.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial estimó que los siniestros viales llegaron a representar aproximadamente el 1,7% del Producto Bruto Interno argentino, considerando costos humanos, médicos, administrativos, materiales y de pérdida de productividad.
Según estimaciones operativas relevadas por CASEL, la incorporación de telemática, videovigilancia móvil y programas de conducción segura puede alcanzar períodos de recupero de entre 6 y 14 meses. El combustible representa cerca del 35% de la estructura de costos de una unidad de transporte. Una reducción del 8% en ese consumo equivale a un ahorro directo del 2,8% sobre el costo operativo total. Si el servicio tecnológico mensual se mantiene por debajo de ese porcentaje, puede financiarse con el propio ahorro generado.
Para acelerar esta transformación, CASEL propone líneas de crédito destinadas a modernizar equipos y migrar hacia conectividad 4G, LTE-M y NB-IoT; incentivos fiscales para inversiones en ciberseguridad, telemática e Internet de las Cosas; facilidades para importar procesadores de inteligencia artificial que no se fabrican localmente; y acuerdos con aseguradoras que reconozcan la reducción efectiva del riesgo.