Cuatro adolescentes murieron calcinados en el incendio de la Alcaidía de Menores el 9 de septiembre de 2011. La causa penal fue cerrada por insubsistencia de la acción y espera una definición de la Corte Suprema de la Nación. La Justicia civil condenó al Estado provincial en dos oportunidades.
El 9 de septiembre de 2011, cuatro adolescentes privados de la libertad en la Alcaidía de Menores de Catamarca murieron calcinados tras un incendio que se originó cuando colocaron un colchón en la puerta de la celda y lo encendieron como protesta. Las víctimas fueron Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16).
Por el hecho, la causa penal se inició por homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales. Fueron imputados los policías Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva y Adriana del Valle Galván. Un quinto policía, Carlos Daniel Leiva, falleció en 2019 antes de la resolución de la causa. También fueron imputadas por incumplimiento de los deberes de funcionario público las entonces juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, y el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Javier Silva.
En agosto de 2015, el fiscal Miguel Mauvecín elevó la causa a juicio. El expediente quedó en el Juzgado Correccional de Primera Nominación, a cargo del juez Marcelo Forner. En septiembre de 2016, el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Ramón Porfirio Acuña, sobreseyó total y definitivamente a las exjuezas Figueroa y Nieto; ese mismo año, Javier Silva fue sobreseído por prescripción. Desde entonces, la causa quedó circunscripta a los cuatro policías imputados por homicidio culposo.
En febrero de 2018, el expediente quedó en condiciones de celebrar el juicio oral. La primera fecha de audiencia se fijó en marzo de 2020, pero fue suspendida tras un planteo de probation de las defensas. Entre 2020 y 2023 se fijaron siete audiencias, todas suspendidas. La última fue el 21 de marzo de 2023 y, desde entonces, el Ministerio Público Fiscal no volvió a impulsar la causa.
En paralelo, la Justicia civil dictó dos sentencias contra el Estado provincial. En febrero de 2021, la jueza Civil de Cuarta Nominación, Silvina Millán, falló a favor de Ana Mariel Mendoza, madre de Franco Sosa, y condenó al Estado a pagarle $783.116,16 por daño patrimonial más $1.000.000 adicionales. La magistrada sostuvo que «el Estado asume la obligación de su custodia» al privar de la libertad a una persona, y cuestionó la falta de requisa exhaustiva, la demora en sofocar el incendio y las malas condiciones edilicias.
En julio de 2022, la familia de Nelson Nahuel Fernández inició su propia demanda civil contra el Estado provincial. La Fiscalía de Estado, a cargo de Marcos Denett, no contestó la demanda en el plazo conferido. En marzo de 2023, el Estado vio declarado decaído su derecho a contestar. Los abogados Tomás Hugo Aibar y Noemí Beatriz Denett cuestionaron la extemporaneidad alegando que no habían sido vinculados al expediente digital, pero la Justicia rechazó el planteo.
El 28 de noviembre de 2025, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño, hizo lugar al recurso de casación de la defensa de Mansilla y Leiva, declaró la insubsistencia de la acción penal por vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sobreseyó a los cuatro policías. La Sala responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por la parálisis del expediente y al Poder Judicial por «la desidia, inacción y falta de voluntad evidenciadas», y ordenó remitir las actuaciones a la Secretaría de Sumarios para determinar responsabilidades.
El 26 de junio de 2026, la Sala Penal rechazó por unanimidad el recurso extraordinario federal presentado por la fiscal Cynthia Romero para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La fiscal había argumentado la «situación de vulnerabilidad» de las víctimas y la gravedad institucional del caso, con el aval del procurador General Tristán Lobo. La Sala sostuvo que quien contribuyó a generar la mora no puede invocarla luego como agravio constitucional. El Ministerio Público Fiscal recurrió directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de queja que ingresó el 14 de julio de 2026. La discusión de fondo gira en torno al concepto de «plazo razonable» y a quién corresponde la responsabilidad por la mora.
El 27 de agosto de 2026, la jueza Civil de Quinta Nominación, María Lucía Cano, condenó al Estado provincial a pagar $156.777.575 más intereses a la familia de Nelson Fernández: $56.777.575,3 por pérdida de chance de ayuda económica futura y $100.000.000 por daño moral, más las costas. La jueza aplicó el mismo estándar de responsabilidad estatal reforzada por custodia que la sentencia de 2021 y señaló un patrón de deficiente gestión de la Fiscalía de Estado.