El juez federal Martín Cormick otorgó un plazo de cinco días al Poder Ejecutivo para que cumpla con la medida cautelar que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. En caso de incumplimiento, aplicará astreintes por cada día de demora.
El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno de Javier Milei a dar cumplimiento efectivo a la medida cautelar que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). La resolución otorga un plazo perentorio de cinco días y establece que, en caso de demora, se aplicarán astreintes, es decir, condenas pecuniarias por cada día de incumplimiento.
La medida cautelar fue dictada en diciembre pasado a pedido de las universidades y se encuentra firme. Fue confirmada inicialmente por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.
El 10 de junio, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó a Cormick que se había alcanzado un acuerdo entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. Según las actas, el Gobierno se comprometió a transferir un 24,33 por ciento a las universidades para el pago de salarios –21 por ciento en junio y un tres por ciento adicional en octubre–, actualizar en un 20 por ciento los gastos de funcionamiento e incrementar la partida para los hospitales universitarios.
El CIN aclaró que la suscripción de ese documento no implicaba renunciar a su posición y lo calificó como una «gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo».
El 21 de agosto se realizó una audiencia en la que el Poder Ejecutivo solicitó nuevamente el levantamiento de la cautelar, argumentando que las transferencias parciales realizadas eliminaban el peligro en la demora. El juez rechazó esa pretensión a principios de septiembre y recordó que la medida rige hasta que se dicte sentencia definitiva. Las universidades piden que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió materialmente el cumplimiento de la LFEU.
En su resolución, Cormick sostuvo: «Atendiendo al escenario descripto por los accionantes y la persistencia de la problemática, mal puede considerarse superado el peligro en la demora, por lo que corresponde desestimar lo peticionado atento no existir razones que avalen –en este estado de situación– el levantamiento de la medida otorgada».
Este martes, ante un pedido de las universidades para que se ejecute la medida cautelar, el juez decidió avanzar con la intimación.