La iniciativa incorpora el artículo 225 bis al Código Penal y establece penas de hasta doce años de prisión para quienes, por orden de un Estado u organización extranjera, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Constitucionalistas, FOPEA y la OEA advierten sobre la ambigüedad de los tipos penales.
El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación para su tratamiento el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa incorpora el artículo 225 bis al Código Penal y establece penas de hasta doce años de prisión para quienes, actuando por orden de un Estado u organización extranjera, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
El texto prevé un rango de pena de 8 a 15 años si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales.
Constitucionalistas, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtieron que conceptos como manipular la opinión pública o desinformación masiva son ambiguos y que el proyecto podría afectar la libertad de expresión.
La OEA sostuvo en un pronunciamiento difundido en los últimos días que introducir tipos penales ambiguos podría criminalizar expresiones sobre funcionarios o personas involucradas en asuntos de interés público y establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información por miedo a sufrir un proceso penal.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó en sus redes sociales que expresiones tales como manipular la opinión pública, campañas coordinadas o desinformación masiva carecen de una delimitación normativa suficientemente precisa para permitir que una persona pueda conocer anticipadamente qué comportamiento concreto se encuentra prohibido y cuál permanece dentro del ámbito de lo jurídicamente permitido. En el mismo sentido se pronunció Félix Lonigro, quien afirmó que la iniciativa es una restricción a la libertad de expresión.
FOPEA advirtió que la ley presenta un riesgo para el ejercicio del periodismo y que el artículo no delimita con claridad qué conducta se castiga, lo que deja un margen amplio para una aplicación discrecional.
El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional se encuentra en el Congreso de la Nación para su tratamiento.