Manifestantes de ATE, ATEN y otras organizaciones se concentraron frente al hotel donde se alojan los magistrados durante un congreso judicial.
Una protesta se realizó este miércoles por la tarde en el centro de San Martín de los Andes frente al alojamiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y otros funcionarios judiciales que participan de un congreso en la ciudad.
La concentración comenzó alrededor de las 17 en la calle Roca, frente a la iglesia y en diagonal al edificio de la Municipalidad, donde se encuentra el hotel en el que se hospedan los integrantes de la Corte. Según dirigentes de ATE, ante la llegada de los manifestantes los jueces se encerraron dentro del establecimiento.
De la protesta participaron integrantes de ATE, ATEN, Patria Grande, el Partido Obrero, otras organizaciones y vecinos de San Martín de los Andes. En el lugar se desplegó un operativo de seguridad con efectivos de la Policía y de Gendarmería Nacional.
Segundo Andrade, secretario general de ATE de la delegación San Martín de los Andes, declaró: «Nos enteramos hoy a la mañana y nos organizamos, ellos llegaron entre hoy y ayer». Andrade sostuvo que la protesta se desarrolló sobre la calle y la vereda, sin incidentes. «Nos manifestamos en la calle y la vereda, fue muy pacífico», remarcó.
La concentración se produjo mientras en San Martín de los Andes se desarrolla el 26° Encuentro de Jueces de Tribunales Orales, actividad que reúne a integrantes del Poder Judicial y funcionarios vinculados a los tribunales federales.
Los manifestantes cortaron la circulación del lugar, llegaron alrededor de las 17 y se quedaron hasta cerca de las 19. No se descarta alguna medida más en el marco del reclamo por la Ley de Tierras.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se refirió a la protesta y expresó: «Estos tipos designados por decreto usurparon el Poder Judicial. Son empleados de las corporaciones. No es una Corte Suprema es una Corte Sumisa al poder real. Emitieron un fallo a medida de los Lewis y los Benetton. A donde vayan los iremos a buscar!».
La protesta se desarrolló en uno de los sectores más transitados del centro de San Martín de los Andes y generó un despliegue de seguridad alrededor del establecimiento donde se alojan los funcionarios judiciales.
La presencia de los máximos responsables de la Corte Suprema en la ciudad se encuentra vinculada al congreso de funcionarios de tribunales orales federales, que se desarrolla durante estos días en San Martín de los Andes.
La manifestación es una más en el marco de las recriminaciones y cuestionamientos que se han multiplicado en redes sociales luego de que el martes se conociera la definición de la Corte Suprema. El máximo tribunal de Justicia de la Nación revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.
El máximo tribunal sostuvo que «frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia».
La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.
«A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella», señaló el fallo.
La Corte aclaró, sin embargo, que la decisión se limita al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la actora y por ausencia del requisito constitucional de caso o controversia. En ese sentido, precisó que el pronunciamiento «no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023» ni implica interferencia sobre la intervención del Poder Legislativo prevista por la Constitución Nacional.