La Cámara de Diputados de Catamarca trató esta semana la adecuación del sistema provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la imputabilidad desde los 14 años. El proyecto, que pasará al Senado, crea cargos, equipos interdisciplinarios e institutos de alojamiento, y faculta a la Corte de Justicia a efectuar previsiones presupuestarias con carácter prioritario e inmediato.
La Cámara de Diputados de Catamarca trató esta semana la adecuación del sistema provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la imputabilidad desde los 14 años. El proyecto, que pasará al Senado, crea cargos, equipos interdisciplinarios e institutos de alojamiento, y faculta a la Corte de Justicia a efectuar previsiones presupuestarias con carácter prioritario e inmediato.
Durante el debate, algunos legisladores repitieron el lema «El que las hace, las paga», atribuido a Patricia Bullrich.
El proyecto crea dos equipos interdisciplinarios nuevos, uno en el Poder Judicial y otro en el Ministerio de Desarrollo Social, con psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y especialistas en adicciones, entre otros profesionales. La norma mantiene en los papeles dos fiscalías y dos defensorías especiales creadas por la Ley 5544, aunque hoy solo hay una de cada una.
Asimismo, asigna funciones a un juez de ejecución penal juvenil y fija un esquema provisorio «hasta tanto se concurse y cubra el cargo».
Los adolescentes detenidos deben ser trasladados a un centro especializado. En Catamarca hay solo uno, el Santa Rosa, en la Capital. Donde no exista un centro, los reos no podrán permanecer alojados en calabozos de comisaría junto a adultos. Los procesados deben estar separados de los condenados y cada centro tiene que contar con biblioteca, educación primaria y secundaria y atención médica, odontológica y de salud mental.
Si un joven no puede cumplir una sanción por razones económicas, Desarrollo Social deberá cubrir traslados y manutención y Educación colaborar con los costos de su escolarización.
El proyecto faculta a la Corte de Justicia a efectuar previsiones presupuestarias «con carácter prioritario e inmediato», sin esperar al ejercicio del año siguiente, y a pedir al Ejecutivo y a la Legislatura partidas extraordinarias «cuando las previsiones ordinarias resultaren insuficientes».
El diputado radical Mamerto Acuña, ex ministro de Economía, advirtió: «El proyecto en sí no está cuantificado, no sabemos cuál va a ser el costo concretamente y cómo lo vamos a financiar». Remarcó además que la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a reajustar y reasignar «con carácter prioritario» partidas del Poder Judicial, cosa que consideró inconstitucional.