La Cámara de Diputados debatirá el jueves 15 de octubre el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70, ya desestimado por el Senado en marzo de 2024. Si se confirma el rechazo, quedaría sin efecto la liberación de las cuotas de las prepagas dispuesta en diciembre de 2023 y volvería a regir la autorización estatal de aumentos prevista en la ley 26.682.
La Cámara de Diputados tratará este jueves 15 de octubre el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70 (DNU 70), que ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Si ambas cámaras rechazan la norma, el decreto firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión quedará sin validez.
El DNU 70 incluyó dos modificaciones a la ley 26.682, que regula el sistema de medicina prepaga. Por un lado, derogó el inciso g del artículo 5, que asignaba a la Superintendencia de Servicios de Salud la función de autorizar y revisar los valores de las cuotas. Por otro, eliminó la parte del artículo 17 que establecía que la autoridad de aplicación debía validar los aumentos cuando estuvieran justificados en variaciones de la estructura de costos y en un cálculo actuarial de riesgos.
Si el decreto pierde vigencia, volverían a regir los artículos de la ley 26.682 que otorgan al Estado la facultad de autorizar cada incremento de precios de los planes de salud.
La ley de prepagas es de 2011. Durante años no se fijó un mecanismo para el reajuste de las cuotas, que no estaban liberadas. Los incrementos dependían de la autorización de las autoridades del área. En 2022, después de la etapa de la pandemia de Covid-19, durante la cual los precios estuvieron congelados varios meses, se aprobó un Índice de Costos de Salud. La variación de ese índice definió durante un año y medio los porcentajes máximos de las subas que podían aplicar las prepagas a sus afiliados y los reajustes mínimos que esas entidades debían trasladar a los aranceles de los prestadores.
Ante la posible caída del DNU 70, desde el área de Salud del gobierno nacional señalaron: «Todas las iniciativas que están en el Congreso se monitorean, y se evalúan distintos escenarios y sus eventuales consecuencias». Agregaron que no hay nada definido hasta el momento: «Hay que ver qué pasa en el Congreso y en función de eso se verá».
Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que reúne a cámaras y asociaciones del sector, declaró: «Es un tema que preocupa por sus consecuencias sobre el financiamiento de la salud y la previsibilidad que necesita el sistema». También sostuvo: «La eventual derogación pondría en discusión el esquema, aunque conviene ser prudentes: existe una cuestión jurídica respecto de si las disposiciones anteriores recuperarían vigencia automáticamente o necesitarían una restitución expresa». Y añadió: «Tampoco el rechazo parlamentario por sí solo significaría anular todos los aumentos durante la vigencia del decreto».
Según un informe de la asociación de prestadores Adecra-Cedim, a partir de la desregulación de las subas se redujo a la mitad la brecha entre el incremento de los costos de dar prestaciones y la suba de los aranceles que las clínicas y centros de salud cobran a las prepagas.
Magonza afirmó: «Volver a condicionar los ingresos a autorizaciones que puedan quedar rezagadas respecto de los costos de la atención afectaría a toda la cadena». También dijo que modificar las reglas «agregaría inseguridad jurídica» y «profundizaría la incertidumbre de un sistema desfinanciado». Y concluyó: «Necesitamos soluciones que permitan preservar tanto el acceso de las personas como la capacidad de las instituciones y los profesionales para atenderlas».