El Gobierno de Javier Milei firmó una declaración conjunta impulsada por Estados Unidos que cuestiona la sobrecapacidad estructural en sectores manufactureros. El documento fue suscripto por 15 economías.
El Gobierno de Javier Milei adhirió a una declaración conjunta impulsada por Estados Unidos y firmada por 15 economías que cuestiona la sobrecapacidad estructural y la «producción excesiva» en sectores manufactureros. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer ayer el documento a través de un comunicado.
Además de la Argentina y Estados Unidos, suscribieron el texto Australia, Canadá, Corea del Sur, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Polonia, Turquía, el Reino Unido y la Unión Europea. Entre los miembros del G20 que no firmaron figuran China, Brasil, Indonesia, Rusia, Arabia Saudita y Sudáfrica.
La declaración surgió de las discusiones de la reunión de ministros de Comercio del G20 que se realizó entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre en la ciudad estadounidense de Milwaukee, bajo la presidencia de Washington. En ese encuentro no hubo consenso sobre la sobrecapacidad industrial, y el único documento conjunto del bloque fue el que rechazó el uso del comercio de alimentos como herramienta de presión económica o política. Por eso, el texto se firmó por separado, al margen de una reunión del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El documento advierte sobre economías en las que la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global por intervenciones ajenas al mercado. Sin nombrar a China, vincula ese fenómeno con políticas estatales que sostienen la producción por encima de las necesidades reales del mercado mundial.
La preocupación del grupo se concentra en industrias como la de los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares. Según el texto, la sobreoferta distorsiona los precios y los patrones de producción, limita la competencia, desalienta las inversiones y puede dejar a otros países expuestos a la coerción económica.
Para enfrentar ese impacto, los gobiernos acordaron crear plataformas de trabajo técnico por sector, que funcionarán junto con la OCDE para analizar la sobrecapacidad en profundidad. Los firmantes también instan a todos los países a abandonar las prácticas que distorsionan los mercados y advierte que, de lo contrario, cada vez más naciones tomarán medidas para defender sus industrias y a sus trabajadores.
La firma se suma a otra adhesión del país durante la reunión de Milwaukee. Junto con México, la Argentina fue el único país que acompañó a Estados Unidos en una declaración para eliminar de las cadenas de suministro los bienes producidos con trabajo forzoso, después de que el G20 no lograra un acuerdo sobre ese punto.
En paralelo, la USTR lleva adelante una investigación comercial sobre 16 socios que muestran señales de exceso de capacidad industrial, que podría derivar en nuevos aranceles.